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Tegucigalpa/AFP
Organizaciones de mujeres en Honduras se declararon en alerta ‘roja’ por un repunte en los feminicidios, 18 en los últimos diez días, muchos de ellos crueles, como descuartizamientos y decapitaciones.
Unas 50 representantes de 20 organizaciones no gubernamentales aglutinadas en el Movimiento de Mujeres se manifestaron frente a la sede del Ministerio Público (fiscalía) mostrando fotografías de las víctimas y mantas y pancartas con mensajes de protestas.
«Hemos declarado la alerta roja porque en diez días han matado a 18 mujeres», dijo a la AFP Suyapa Martínez, una de las organizadoras del mitin.
Martínez apuntó que muchos de los asesinatos han sido con saña, con mujeres descuartizadas, decapitadas o muertas a pedradas.
La activista lamentó que en 2016 mataran a 463 mujeres mientras las autoridades solo investigaron 15 casos (con dos sentencias condenatorias), afirmando que eso muestra la impunidad en que quedan los crímenes.
«Declaramos que la estrategia de seguridad del Estado no nos sirve a las mujeres, es una estrategia fallida», denunció el Movimiento en un comunicado de prensa.
La organización citó los casos de Irma Quintero, de 21 años, y Dunia Xiomara Reyes, de 34, asesinadas y descuartizadas en Choloma (norte) en los últimos diez días.
Las activistas además señalaron a las autoridades de desestimar estos asesinatos al afirmar que los feminicidios «no son crímenes de alto impacto, que no vale la pena insistir (en las denuncias) porque de seguro (las asesinadas) andaban en algo (ilegal), que algo debían».
Las mujeres llevaban una pancarta con la leyenda: «Justicia para Berta» en alusión a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016, en un crimen de impacto mundial.
Ocho personas están presas sospechosas del asesinato de la ambientalista, incluido un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a la que Cáceres había denunciado por amenazas en su contra.
Cáceres atribuyó las amenazas a represalias por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica en el río Gualcarque que baña territorio indígena lenca en el oeste del país.
