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Redacción Nacionales
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La comunidad Santa Marta y la asociación ADES piden a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) poner la mirada en el proceso penal contra sus líderes detenidos desde el pasado 11 de enero, pues esto “constituye una violación a la Ley de Reconciliación Nacional y los Acuerdos de Paz”.
“Alertamos al Secretario General de las Naciones Unidas en el sentido que el proceso judicial contra los defensores ambientales contraría el espíritu de los Acuerdos de Paz en cuya negociación, firma e implementación la ONU tuvo un rol fundamental”, expresa un comunicado publicado el fin de semana, en el marco del cumplimiento de diez meses de las capturas. Los miembros de Santa Marta y ADES están en arresto domiciliar desde el pasado 5 de septiembre, luego de pasar casi ocho meses encarcelados en las condiciones del régimen de excepción. La Fiscalía los acusa de un supuesto asesinato cometido en 1989, durante la guerra civil salvadoreña.
La defensa legal de los ambientalistas señala que la acusación fiscal carece de pruebas reales, porque se basa en el testimonio de un testigo de referencia. También sostiene que el proceso penal viola la Ley de Reconciliación Nacional, normativa que decretó una amnistía específica para miembros de las organizaciones que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“La captura de nuestros compañeros nunca debió haber sucedido, principalmente por falta de pruebas, ya que -como hemos denunciado- la acusación se basa en el testimonio contradictorio de un testigo protegido; pero también porque, dada la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, este requerimiento penal es improcedente”, plantea el pronunciamiento de Santa Marta y ADES.
La Ley de Reconciliación Nacional facilitó la desmovilización de la ex guerrilla y permitió que los ex combatientes entregaran las armas a cambio de garantías jurídicas que les permitieran incorporarse plenamente a la vida civil y a tareas de reconstrucción nacional. Entre éstos beneficios está la exención de la responsabilidad penal por delitos comunes.
Esta ley fue aprobada el 23 de enero de 1992 y fue puesta en vigencia nuevamente en julio de 2016 por la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Naciones Unidas ha reconocido la importancia de esta normativa para viabilizar la implementación de los Acuerdos de Paz.
Llamado a la Cámara Penal de Cojutepeque
Actualmente se encuentra en apelación una petición de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, en la Cámara Penal de Cojutepeque. La solicitud basada en la Ley de Reconciliación Nacional fue rechazada por el Juzgado de Pimera Instancia de Sensuntepeque.
“Hacemos un respetuoso llamado a los Honorables Magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque a corregir este grave error cometido por el Sistema Judicial. Ellos tienen en este momento la posibilidad de hacer valer la legalidad y cerrar este caso, resolviendo favorablemente la apelación presentada contra la decisión del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque…”, piden Santa Marta y ADES en su comunicado.
Reactivación minera: el móvil detrás de las detenciones
Las organizaciones que apoyan a Santa Marta y ADES insisten en que el proceso penal contra los líderes comunitarios tiene como trasfondo la posible reactivación de los proyectos mineros en Cabañas.
En comunicado firmado por 251 organizaciones de 29 países, los aliados internacionales con la lucha ambiental en El Salvador señalan que el caso es una “instrumentalización de la Fiscalía y el Sistema Judicial para perseguir a defensores ambientales que son un obstáculo para las intenciones de reactivar la minería metálica”.
También la Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, ha pedido en dos ocasiones que los ambientalistas de Santa Marta y ADES sean liberados y absueltos, llamado que el Estado salvadoreño se ha negado a acatar.
Bukele guarda silencio
El gobierno de Nayib Bukele sigue guardando silencio sobre este caso, a pesar de que las organizaciones denuncian claras señales de reactivación de la minería y advierten que en un eventual segundo mandato presidencial podría implementar estos proyectos extractivos.
La minería metálica está prohibida por una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa en marzo de 2017, debido a la inviabilidad ambiental y social de esta industria extractiva dada la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y la crisis hídrica del país.
Sin embargo, en mayo de 2021 el gobierno de Bukele incorporó al país a foro internacional que promueve la minería y en octubre del mismo año sus diputados aprobaron una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye minería metálica. Además, el presupuesto estatal de este año tuvo una partida de 4.5 millones de dólares para “actualizar la ley de minería”.
Según la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras organizaciones, la explotación minera amenaza directamente al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida humana; por lo que piden mantener la prohibición definitiva de esta nociva industria extractiva. “Los costos serían muchísimo mayores que los posibles beneficios”, advierten.
