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El rechazo por la decisión de la Asamblea Legislativa de remover magistrados la Sala de lo Constitucional y quitar al Fiscal General de la República, ha traspasado fronteras y organizaciones de la sociedad civil a nivel regional se han pronunciado este martes.
A través de un comunicado donde firman más de 100 organizaciones de naciones como Bolivía, México, Perú, Canadá, Guatemala, Argentina, Uruguay, Honduraas, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador entre otras, dejan claro el rechazo. Sobre todo, porque el trabajo de la mayoría de estas organizaciones va en defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en América Latina.
Para estas organizaciones está claro también el irregularmente nombramiento de los reemplazos de los magistrados de la Sala y del Fiscal, pues, se violentó el marco legal constitucional e internacional. “Alertamos de un grave riesgo para la preservación del sistema democrático en el país”, dicen las organizaciones de la región.
Y agregan que “esta remoción de los altos funcionarios del sistema de justicia, adoptada por la coalición mayoritaria vinculada al partido de gobierno del Presidente Nayib Bukele, fue producto de mociones parlamentarias a las que se dispensó de su trámite regular, que no fueron estudiadas ni debatidas en el procedimiento parlamentario legalmente previsto”.
Los fundamentos de este pedido no tienen sustento en causales reguladas previamente, y se relacionan con acusaciones genéricas de “violación de la Constitución” en decisiones y actuaciones adoptadas por estos órganos en ejercicio de sus funciones de control.
Para las organizaciones “en ambos casos, no se comunicó a las personas implicadas ni los hechos que se les imputan, ni las infracciones que sustentan el pedido de destitución, y no se les otorgó la oportunidad de ejercer su defensa, violando las garantías más esenciales del debido proceso”.
Y el asignar directamente a nuevas personas para ocupar estos cargos, sin convocar a concurso público, viola directamente la Constitución Política del país, señalan.
Según el comunicado, existe desconocimiento, tanto del presidente Nayib Bukele como de la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de gobierno, de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la destitución de sus miembros, por atentar directamente contra el sistema de gobierno republicano y democrático y el principio de independencia judicial.
Por lo que estos actos constituyen un atentado grave a la independencia del sistema de justicia salvadoreño, pero, además, eliminan los principales contrapesos democráticos al poder político, concentrados en el partido de gobierno, cita el comunicado.
Y agrega que la captura ilegítima de autoridades judiciales vinculadas al poder político, y la subsecuente desaparición del principio de separación de poderes, constituye un peligroso precedente para la democracia en el hemisferio.
Las organizaciones alertaron a los organismos internacionales de derechos humanos, y la comunidad internacional e interamericana de naciones sobre la gravedad de estos hechos.
Además, hicieron un llamado público a adoptar medidas inmediatas para evitar un escenario de ruptura democrática en el país, a través de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.
