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Por Daniel Bosque/Álvaro Villalobos
Barcelona/AFP
Las facciones más duras del separatismo presionan este viernes al presidente de Cataluña Carles Puigdemont para que proclame ya la República en esta región española cuya economía empieza a acusar los efectos de la crispación política.
El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, instó a Puigdemont a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.
«Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas» en el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.
Puigdemont recibió el jueves por la noche una advertencia similar de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación secesionista con un fuerte poder movilizador en las calles.
«Ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia», señalaron en un comunicado.
Según el ejecutivo regional, en la consulta, prohibida por la justicia, un 90% de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, Puigdemont se comprometió a aplicar el resultado.
Sin embargo, el dirigente catalán pidió el martes ante el Parlamento regional la suspensión de los efectos de la independencia, a modo de «gesto» con el que propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.
La maniobra choca con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.
Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.
La presión económica se hace sentir
En las últimas semanas, las calles de Barcelona han sido un hervidero y han visto desfilar a cientos de miles de personas tanto a favor como en contra de la independencia, y pertenecientes a todo el espectro político, desde la extrema izquierda secesionista hasta la ultraderecha española, obsesionada con la unidad nacional.
A toda esta agitación se ha unido la presión económica. En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de relumbrón sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta.
La última voz de alarma vino del Mobile World Congress, la gran cita mundial de la telefonía móvil que cada año se reúne en Barcelona. Según el diario digital El Confidencial se está pensando retrasar la fecha de la próxima edición, prevista en febrero de 2018, e incluso dejar Barcelona en el futuro.
Sin querer confirmar este extremo, los organizadores reconocieron a AFP que «siguen vigilando los acontecimientos en España y Cataluña, y evaluando todo impacto potencial» en Barcelona.
El impacto también se sentía en el turismo, en una región que acoge a uno de cada cuatro visitantes que van a España, tercer destino turístico mundial.
Los touroperadores estaban constatando una disponibilidad mucho mayor en los hoteles de Barcelona, casi repletos hasta el 1 de octubre, y en algunos establecimientos los precios de las habitaciones cayeron a la mitad en cuestión de una semana.
A tenor de este panorama, la agencia calificadora Standard and Poors advirtió el jueves del riesgo de «recesión» en la región, si se agrava la tensión con Madrid.
Y el miércoles, la patronal española dijo que dada la «grave situación social y económica existente en Cataluña, CEOE respalda todas las medidas que pueda adoptar el Gobierno para la vuelta a la legalidad de la Generalitat», el gobierno catalán.
Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español, está dividida casi a partes iguales sobre la independencia.
Aun así, una amplia mayoría de la población defiende celebrar un referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno de Madrid, que se opone tajantemente alegando que la soberanía reposa en el conjunto de los españoles y no en una parte de ellos.
