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@GloriaCoLatino
Flor Gámez, decease de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo (MPGR), cheap denunció, drugstore en nombre de la Alianza Ambiental, los atrasos que deliberadamente la Corte Suprema de Justicia (JCS) ejerce para no crear el Juzgado Ambiental de Santa Ana, y la Cámara Ambiental, que son instancias que tienen competencias exclusivas para conocer y resolver acciones civiles de actos que atenten contra los ecosistemas y recursos naturales del país.
“Solo se ha instaurado por decreto legislativo de 2014, el Tribunal Ambiental de San Salvador, no así el de San Miguel, Santa Ana, y la Cámara Ambiental, como Alianza Ambiental, no vemos impedimentos para atrasar su instalación, ya no pueden argumentar falta de presupuesto porque cuentan con el 6% de Presupuesto General de la Nación”, indicó.
En cuanto al trabajo que realiza el Juzgado Ambiental de San Salvador, Gámez reconoció que el juez Samuel Lizama y su personal están “dando cátedra” en jurisdicción ambiental por modernizar los procedimientos y el accionar en la verificación de las faltas que se cometen contra recursos naturales del país.
“El Salvador está en crisis ambiental, tenemos estrés hídrico, hay un desorden en el crecimiento de las ciudades y tenemos mega proyectos agresivos como los de minería metálica que exigen una pronta y rápida justicia en el tema ambiental”, señaló.
Mientras, Karen Ramírez, del Foro del Agua, explicó que con la solicitud de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa, para que decrete una “derogatoria parcial” indefinida en la creación de estas instancias judiciales -consideró- que atentaba al fortalecimiento de la institucionalidad.
“La Alianza Ambiental de El Salvador aglutina a diferentes redes y plataformas sociales, Iglesias, Juntas de Agua y ADESCOS, trabajamos por la articulación de esfuerzos por una gestión ambiental en El Salvador y al no cumplir con la creación de la Cámara Ambiental y el Juzgado Ambiental de Santa Ana, permite la elevación de casos que vulneran a la población, frente a los casos de agresión a su medio ambiente y que por ahora, no pueden recibir pronta y cumplida justicia; aún estamos esperando también la Ley General de Agua para dar protección al preciado líquido y que nos deben los diputados y diputadas”, dijo.
Saúl Baños alegó que las razones de la Corte Suprema de Justicia eran débiles y contradictorias porque desconocían el accionar del Juzgado Ambiental de San Salvador.
“A cuatro meses de instalado el Juzgado Ambiental de San Salvador, el Juez Lizama tenía 16 casos documentados y la Corte, lejos de debilitar la institucionalidad del país debería fortalecerla y debe acercar esa justicia institucional a esas comunidades, porque de no hacerlo las priva del acceso a una pronta y cumplida justicia que es el lema del Órgano Judicial”, dijo.
Sobre el conocimiento de la población de esta instancia judicial, Baños reiteró que debe desarrollarse una campaña de concienciación y sensibilización de la población, para que conozca de los procedimientos jurídicos en materia de ambiental.
“La Corte Suprema de Justicia no puede alegar que por razones presupuestarias, no está abriendo los tribunales ambientales, porque el mismo magistrado Rodolfo González manifestó a un medio de comunicación, que el 6% del Presupuesto General de la Nación que se otorga a la Corte Suprema de Justicia les sobra fondos; más creemos que hay intereses particulares de por medio”, acotó.
