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Marisol Miranda
@DiarioCoLatino
Representantes de Alianza Américas buscan apoyo por medio del diálogo con la empresa privada, con los oficiales electos y el gobierno, para mantener en vigencia el programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), ya que se cuenta con tres meses para tomar una decisión.
Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, comentó que la administración del presidente Trump tomará la decisión de cancelar el TPS por región, no por país, lo que determine para los países de Honduras y Nicaragua, ese mismo escenario se esperaría para El Salvador.
“Esperamos que para esta decisión se tome en cuenta el contexto de la seguridad, del desarrollo de los países del triángulo norte, para asegurar el bienestar de todos porque al eliminar el programa se daña y debilita a Estados Unidos”, enfatizó Núñez.
Asimismo, dijo que es importante que en el poco tiempo que se tiene, se haga el mejor esfuerzo de incidencia coordinada con el gobierno y la sociedad civil de los respectivos espacios para asegurar que la administración Trump le dé estabilidad a los programas. Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CRECEN), reiteró que la decisión del presidente estadounidense es cancelar el TPS por región, dado que en enero se termina el programa; tres meses antes se debe conocer la decisión que incluye a los países de Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Además, dijo que el TPS ha sido de gran beneficio para 190,000 salvadoreños porque les ha permitido tener una autorización legal de trabajo y la protección contra la deportación para inmigrantes.
Agregó que se han reunido con las organizaciones del país donde se han tenido respuestas favorables, y que El Salvador es el principal receptor de la economía.
El TPS fue aprobado en 2001 por el presidente George W. Bush, a raíz de dos terremotos que ocurrieron a inicios de ese año en el país.
