Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, junto a la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se presentó ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con el objetivo de solicitar medidas de protección para los defensores ambientales, ante la instalación de la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán.
Las comunidades de Izalco y los ciudadanos del Estado plurinacional de El Salvador presentaron un documento a la PDDH donde exigen al procurador, Apolonio Tobar, medidas de protección ante la invisibilización y vulneración de sus derechos como luchadores ambientales.
La representante de FESPAD, Ariela González, expuso que ante la posible conclusión del proyecto hidroeléctrico de Sensunapán II, presentaron una solicitud de medidas de protección para las personas del Comité Indígena ante hechos que amenazan a los pobladores.
“El propósito es entregar un escrito al procurador, que tiene a su base una solicitud de medidas de protección y resguardo para las personas que componen el Comité ante determinados hechos que autores como empresas hidroeléctricas han realizado ante la labor que ellos llevan a cabo (defensores ambientales)”, comentó.
Por su parte, Francisco Morán, miembro del Comité Indígena, destacó que en los 18 años de lucha contra las vulneraciones ambientales en las zonas donde habitan, han vivido expuestos a los riesgos que no solo representan el deterioro de los ambientes naturales, sino que, también atentan contra su vida por las amenazas de muerte que reciben.
“Venimos ante el procurador para exigirle medidas de protección a los luchadores ambientales que vivimos en lugares de gran amenaza, como el proyecto que tiene la empresa privada de la octava hidroeléctrica”, externó Morán.
Según el Comité Indígena, las actividades extractivitas en la instalación de hidroeléctricas sobre el río Sensunapán, han disminuido el caudal del río hasta dejar desabastecido algunas zonas, algo que pone en riesgo la vida de los habitantes y la preservación del patrimonio material e inmaterial.
La población indígena amparada en la legislación internacional de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas (ONU 2007), exigió que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no admita permisos a la empresa privada, para proyectos que afectan las zonas mencionadas.
Asimismo, pidió que se reconozca como Bien Cultural las áreas identificadas, como lo dictan las medidas cautelares decretadas por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, del Ministerio de Cultura y la empatía y solidaridad de la población salvadoreña ante la lucha de la preservación de la memoria de la identidad.
