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La Alianza Nacional El Salvador en Paz dirigió una carta a Ricardo Zúñiga, Subsecretario Adjunto Principal y Enviado Especial para el Triángulo Norte en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en la que denuncian que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está violando la Constitución de El Salvador y liderando un gobierno corrupto.
En el documento demandan imponer severas sanciones penales, diplomáticas y financieras contra los funcionarios gubernamentales activos en corrupción y prácticas antidemocráticas.
Así como también cesar toda ayuda y colaboración con la Policía y Fuerzas Armadas de El Salvador y que se asegure que el uso planeado de un sistema de votación electrónica por parte de salvadoreños en el exterior no sea utilizado como un medio fraudulento para la intención de reelección de Nayib Bukele.
“Como salvadoreños-americanos, viviendo en su Distrito, expresamos nuestra profunda preocupación por las decisiones mal concebidas y anticonstitucionales que está ordenando el Gobierno de Nayib Bukele en nuestro país natal El Salvador”, dice el documento.
En la carta enviada a Zúñiga se detalla que estas decisiones incluyen el desmantelamiento del sistema democrático en la gobernabilidad del país, desde los Acuerdos de Paz de 1992, negociados con la ayuda de las Naciones Unidas; la corrupción generalizada en curso por parte de altos funcionarios gubernamentales según lo investigado por fuentes independientes, incluido el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Además, de los acuerdos secretos que el gobierno hizo con bandas criminales como la MS-13, cuyos líderes fueron designados como terroristas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2021.
La carta señala que éstas prácticas inconstitucionales del gobierno han producido una corrupción pública y un nepotismo generalizado, además de limitar las libertades fundamentales.
Y agregan que existe una sensación ampliamente percibida de inestabilidad, inseguridad y falta de desarrollo y progreso genuino, lo que crea un ímpetu involuntario para que más salvadoreños emigren a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar vías de supervivencia.
Según la Alianza, desmantelando el Estado Democrático, el presidente Bukele ha tomado medidas autoritarias manifiestas para aumentar su poder sobre la población y eliminar cualquier restricción institucional a su gobierno.
Ejemplo de esto fue el 9 de febrero de 2020 cuando escoltado por personal militar y policial, ocupó por la fuerza el Congreso Salvadoreño para presionar a los legisladores a apoyar su agenda política.
Esta acción fue condenada por muchos observadores internacionales, incluido, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Eliot Engel, entre otros.
También señalan que al usar la mayoría calificada el 1 de mayo de 2021, Nuevas Ideas ordenó, sin el debido proceso constitucional la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, e inmediatamente fueron reemplazados por magistrados condescendientes al presidente Bukele.
Y ese día fue destituido el Fiscal General Raúl Melara que había estado investigando la corrupción en el gabinete de Bukele, casos que fueron cerrados por su
su sucesor, Rodolfo Delgado.
“Estas acciones problemáticas, de instalar a aliados políticos en posiciones claves de poder, han sido realizadas de manera rápida sin adhesión a normas locales o internacionales”, citan en la carta.
Sobre estos hechos el Secretario General de las naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez, instó al gobierno a “respetar las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y la separación de poderes”.
El 4 de junio, el Fiscal General Delgado hizo un anuncio, confirmado por Bukele, que el país terminaba con el acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos y su trabajo con la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES).
La CICIES había presentado a la fiscalía 12 casos investigados bajo sospecha de corrupción por altos funcionarios del gobierno de Bukele.
En septiembre 2021, la legislatura de Nuevas Ideas promulgó una reforma judicial que ordenó el retiro de todos los jueces mayores de 60 años, incluido el juez que presidió el juicio emblemático de los oficiales militares involucrados en la masacre de El Mozote en la era de la guerra civil.
El mismo mes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dictaminó que Bukele puede presentarse a la reelección en 2024, no obstante, la prohibición constitucional que no permite la reelección en el país, hecho denunciado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
Para la Alianza, el asalto a la democracia ha ido acompañado de un constante y despiadado ataque contra los críticos de la oposición y los medios de prensa independientes.
Y lo más reciente es la aprobación de un Estado de Excepción en el país debido a un alarmante aumento de homicidios.
Sin embargo, el decreto suspende los derechos garantizados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido designados como derechos que no pueden ser suspendidos por un estado de excepción.
Y en el caso del Plan de Reelección de Bukele para mantenerse en el poder, éste permitirá que los salvadoreños en el exterior voten en línea durante las próximas elecciones presidenciales.
Además, en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó a varios funcionarios de la Administración Bukele de corrupción en El Salvador.
El 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó los nombres de funcionarios públicos centroamericanos corruptos en lo que se conoce como la “Lista Engel”.
Por lo que catorce funcionarios salvadoreños están en la lista, entre estos Carolina Recinos, Jefa de Gabinete de Gobierno, Conan Castro, Asesor Legal del presidente
, Rolando Castro, Ministro de Trabajo, Rogelio Rivas, Ex Ministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna, Viceministro de Seguridad y Director de Prisiones y la última persona en la lista, junto con Carlos Marroquín, Jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, también figuran en la Ley Global Magnitsky del Departamento del Tesoro de EE. UU. por organizar reuniones secretas entre el gobierno y las pandillas.
La acusación implica que estos funcionarios acordaron un trato con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de dinero y beneficios para sus líderes encarcelados.
La pandilla más poderosa, Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13), está en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
Las cortes estadounidenses han solicitado la extradición de varios cabecillas y hasta la fecha, los magistrados de la Corte Suprema han rehusado entregar estos criminales a la justicia de los EE. UU.
Y en el tema de migración hacia los Estados Unidos se rompió el récord en 2021, ya que los salvadoreños
sin trabajo y que enfrentan inseguridad optan por abandonar el país e intentan llegar a los EE. UU.
Según reporte de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. se registró un número récord de más de 98,000 salvadoreños detenidos al intentar ingresar al país sin autorización en la frontera entre EE. UU. y México.
“En El Salvador, una amplia coalición de sectores sociales se ha unido para luchar contra este régimen, y como Diáspora, estamos construyendo responsablemente oposición a las intenciones dictatoriales de Bukele, pero le pedimos a usted y al Congreso de los EE. UU. que actúen con iniciativas que nos ayuden a salvar nuestra nación y la democracia”, cita el documento.
