Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El año 2023 la constante fue el incremento de los precios de los alimentos, batiendo récords de costos para las personas consumidoras. Octubre recién pasado cerró nuevamente con una Canasta Básica Alimentaria de $257.81, en el área urbana, y de $193,48 en el área rural, unas de las más caras en la historia del país, dijo Jessica Martínez, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, que aglutina a 23 organizaciones sociales, comunitarias y de Pueblos Indígenas, presentó su “Balance Alimentario 2023”, en el que destacan la presencia de la crisis alimentaria en el territorio nacional, que contrasta con los bajos presupuestos para las Carteras de Estado estratégicas para la producción agrícola campesina.
Martínez, explicó que el Informe Mundial sobre la Crisis Alimentaria 2023 ha registrado que El Salvador, en el 2022 tuvo un 52% de su población en Fase de Estrés Alimentario, es decir, el 3.3 millones de personas; un 13% en Fase de Crisis Alimentaria, lo que significa 823 mil personas, y el 1% en Fase de Emergencia Alimentaria, o sea 63 mil personas, es decir, 4.1 millones de personas sin acceso a alimentos suficientes en ese período.
“El anuario estadístico del MAG, de la temporada 2018-2019 a 2020-2021, registró que El Salvador ha perdido 10 mil 661 manzanas de cultivos de maíz y 1 mil 590 manzanas de frijol, y sorgo 19 mil 152 manzanas menos”, señaló.
“Mientras las áreas cultivadas se pierden, El Salvador lidera las importaciones de maíz blanco en la región. De enero a marzo 2023 se importó un 179% más que en el mismo período 2022. Dicha situación confirma los datos del Banco Central de Reserva, que señala que el 2022, alcanzó la cifra récord en importación de maíz con 791.2 millones de kilógramos”, indicó Martínez.
Una medida gubernamental que no ha cambiado, agregó Martínez, ya que para octubre de 2023 se han importado hasta 643.3 millones de kilogramos de maíz. Que coloca a El Salvador en el segundo lugar, sólo después de Panamá, como países dependientes de alimentos en Centroamérica.
“Y si hablamos del presupuesto aprobado para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, $90.9 millones en 2024, que se convierten en $1.1 millones menos con respecto al presupuesto de 2023. Y el monto destinado a los paquetes agrícolas es apenas $19 millones, el más bajo desde el 2019, y marca el abandono al sector agrícola”, expresó.
Katia Aguilar señaló que en 4 años de gestión, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha otorgado 5 mil 62 permisos ambientales en apenas 1,461 días calendario de gobierno, con una aprobación promedio de 3.5 permisos diarios que incluyendo “días feriados y fines de semana”, que calificaron de nefastos porque incluye la depredación de zonas protegidas y el cambio de uso de suelos.
“Han pasado de bosques, cafetales o cultivos de alimentos a construir residenciales de lujo o megaproyectos. El período del 2022 a 2023 se han extendido mil 399 permisos por un montó de $1,274,92”, reafirmó Aguilar.
Otras de las afectaciones, agregó, es el impacto climático del Fenómeno de El Niño, que amenaza extenderse para el primer trimestre del 2024, por lo que los medios de vida de las familias rurales seguirán siendo impactadas por la situación de inseguridad alimentaria que vienen arrastrando desde 2022.
“El incremento de los insumos y materiales para cultivar, el aumento de la Canasta Básica, y las pérdidas acumuladas obligan a los campesinos y campesinas a migrar internamente y fuera del país, ante la falta de apoyo gubernamental. Se ha contabilizado una pérdida de un 40% del maíz, un 50% del frijol y 30% para el café”, reiteró Martínez.
“Habrá mayor profundización de impactos por los fenómenos climáticos”, añadió Adalberto Blanco, también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, al referirse a las “prioridades estatales frente a las necesidades del sector productivo”, del país.
“Las decisiones gubernamentales siguen en función de apoyar otra cosa que no sea la alimentación, la agricultura y el bienestar de la familia salvadoreña; por lo tanto, la dinámica no ha cambiado en los últimos 4 años, y por esto pedimos un cambio en esa dinámica”, sostuvo.
“Se puede dar un giro incrementando los presupuestos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, fortaleciendo a las mujeres rurales, que han sido las primeras despachadas de las listas como beneficiarias de los paquetes agrícolas -simplemente por ser mujeres- lo que ha precarizado la situación de las familias salvadoreñas”, indicó Blanco.
En cuanto al contexto de la crisis climática, Blanco agregó que la población debe prepararse ante estos fenómenos meteorológicos como El Niño, que seguirá impactando el próximo año. Por lo tanto, sugirió un “plan de gobierno” para enfrentar la sequía y más allá de la práctica de importar granos básicos cuando hay carestía.
“Se puede priorizar la agricultura, garantizar la alimentación de la población salvadoreña y aumentar los salarios mínimos de la población porque son insuficientes ante el costo desmedido de la Canasta Básica en los últimos años, esto daría seguridad en cuanto a la alimentación”, explicó.
“Se debe modificar la Canasta Básica salvadoreña, por ahora es una Canasta que tiene menos productos en la región apenas 22 productos, frente a 53 productos que tiene Nicaragua, 52 productos Costa Rica 52, Guatemala 33 productos y Honduras 32, y aunque aparentamos estar en situación no crítica, la realidad es que vivimos en crisis alimentaria”, detalló Blanco.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, ante esta situación, exigió de las autoridades gubernamentales crear una Reserva Nacional de Alimentos, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, que sería a través del apoyo de la producción nacional y agroecológica.
“Pedimos la eliminación del pago del IVA (impuesto del valor agregado) a los productos de la Canasta Básica Alimentaria de manera inmediata.
Además pidió un impuesto del 5% a grandes fortunas del país. Si el gobierno está con el pueblo, la carga tributaria se puede trasladar a los que más tienen”, declaró Adela Bonilla, de la MSA.
“Crea también un subsidio directo a los agricultores y agricultoras de al menos 300 dólares , para cada una de las 470 mil familias campesinas, garantizar arraigo y producción de alimentos. Y un alto inmediato a los acuerdos de importación de semillas y agroquímicos que afectan la producción de alimentos”, puntualizó.