Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios
El 9 de febrero marca un antes y un después en la vida nacional; el presidente de la República se revela como un dictador, invade el recinto legislativo con fuerza militar y policial, habiendo convocado al pueblo a insurreccionarse con la pretensión de deponer a las y los diputados, algo que ni durante los sesenta años de dictadura militar ocurrió.
El pueblo no llegó, desde el sábado las calles lucían solas, los pocos que circulaban apreciaban la militarización de las calles de la capital, denunciaban la presencia de francotiradores en los alrededores de la Asamblea; en las redes se denunciaba a funcionarios de gobierno por obligar a empleados a hacerse presente bajo amenaza de perder el empleo.
¿Para qué disolver la Asamblea? es difícil saber lo que existe en una extraña cabeza como la del presidente Bukele; lo que su boca afirma y escribe en las redes, es poco creíble.
Pero se pueden formular conjeturas: someter a la mayoría de diputados con su chantaje a prometerle la misma lealtad que la que le reafirmaban los jefes militares y policiales; atentar contra una parte de ellos que podrían hacer resistencia a ese sometimiento; o volver a los tiempos de breves períodos de la historia donde los presidentes gobernaron con decreto ejecutivo, sin ley del primer órgano de gobierno.
Reformar la Constitución con mayoría simple sometida, para facilitar la reelección, o sistema dinástico que permita a sus parientes cercanos postularse a la presidencia. En fin se pueden hacer más y más conjeturas, pero solo el presidente y su círculo cercano sabe a ciencia cierta lo que quería lograr ese fatídico domingo 9 de febrero de 2020, que nos recuerda aquel 28 de febrero de 1977, en el que con tanques y balas reprimieron a quienes protestábamos contra el fraude a la Unión Nacional Opositora y sus candidatos el coronel Ernesto Claramount y Antonio Morales Erlich.
¿Qué lo detuvo de consumar su plan? Tampoco sabremos a ciencia cierta. ¿Las alertas de abogados constitucionalistas, la demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo de su Consejo de Ministros del 6 de febrero, para convocar a sesión extraordinaria de la Asamblea y que le aprobarán, fusil en mano, un crédito de 109 millones de dólares?, ¿los mensajes privados que haya recibido de actores claves de la vida económica?
Quién sabe, porque los llamados de la misma Asamblea, de los diputados, de las organizaciones del pueblo que vayan en contra de sus opiniones las verá con menospreció, las calificará representativas de la minoría que lo rechaza, como dice él, del 3%.
Resulta señor presidente, que tan pueblo es el que le eligió, como es el que eligió a cada uno de los diputados; resulta que la Asamblea, ampliamente criticada, por lo que hace o por lo que no hace, representa voluntad popular y dura tres años en su mandato, y según la Constitución, representan al pueblo entero, cada uno de ellos.
La diferencia entre un órgano y otro, es que la Asamblea representa a unos y a otros, una parte de la población vota por unos y otra por sus contrarios y allí se juntan, y deben resolver con libertad.
Debe saber que cuando las personas son tocadas en su dignidad, las reacciones pueden ser múltiples. Un 4 de febrero de 1980, en la casa que habitaba, fui capturada por un sinnúmero de policías nacionales, no les abrí la puerta y con fusil en la cabeza pedían que abriera la puerta, sabía cómo hacerlo y no lo hice.
Cómo espera usted que los diputados ofendidos por usted, sus funcionarios y sus seguidores, por muchos que sean, hagan lo que usted les “ordena”, que aprieten el botón como suele decirles. Un dictador no reflexiona en las formas, en la legalidad, en las consecuencias mediatas de sus actos y esa es la conducta que el mundo y el país pudo descubrir en el presidente el 9 de febrero.
Es doloroso e indignante que resurja la dictadura, ese capítulo de la historia que costó sacrificio al pueblo superar, costo incluso la vida a los salvadoreños que la respaldaban; costó incluso aceptar los acuerdos que dieron el mandato de reformar la Constitución por la vía correcta, para quitar los soportes legales que aquella dictadura tenía.
Todavía es tiempo de corregir, y es lo que conviene al país, pero se corrige enseñando a quienes olvidaron ese día que hay ley, que hay Constitución, que hay obligación que cumplir.
Este golpe no ha terminado, debe tomar el cause institucional y cada órgano y cada funcionario debe cumplir su rol para desmontarlo por el bien del país, de su gente y de su prestigio ganado con lucha y sacrificio. Cuidemos la democracia, pongamos alto a la dictadura.