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Ismael Turcios
Investigador de Transparencia y Anticorrupción
Iniciativa Social para la Democracia (ISD)
La resolución emitida en 2016 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), favorable para el Estado salvadoreño en el litigio entre éste y la empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold, sentó un importantísimo precedente en materia de relaciones público-privadas de carácter mercantil, jurídica o de cualquier otra naturaleza: los intereses públicos, colectivos y sociales deben prevalecer sobre los intereses particulares.
Asimismo, dicha resolución fue una bofetada con guante blanco para quienes piensan que, una vez en el poder, pueden tomar decisiones que beneficien intereses elitistas para que la población pague por ellas, sin consecuencias jurídicas; tal como sucedió, entre tantos casos, en el Caso CEL-Enel, en el que el exfiscal General, ahora procesado por corrupción, Luis Antonio Martínez, negoció con la Enel Green Power un Acuerdo Marco para poner fin a la controversia mercantil surgida a raíz de un contrato de explotación del recurso térmico salvadoreño, diseñado para beneficiar a la referida empresa extranjera. Algo que también fue aprovechado para garantizar la impunidad de los implicados en las negociaciones que dieron origen a ese conflicto; siendo la mejor muestra de ello la repentina aparición del ahora imputado Luis Martínez ante el Tribunal de la causa, para solicitar el cambio de calificación jurídica del delito (a una modalidad que ya había prescrito). Pero, tranquilos, FUSADES y algunos medios de comunicación reaccionarios aclararon que esto fue una persecución política y criminalización de políticas públicas. No pasa nada.
El caso El Salvador-Pacific Rim, además de los dos aspectos anteriores, justifica a las incontables voces que durante años se han pronunciado contra la minería metálica, tales como la Mesa Nacional Frente a la Minería y otros actores sociales y políticos. Y es que las prácticas de la minería metálica producen la contaminación de suelos y aguas por el drenaje ácido, y tienen afectación en la salud de los habitantes de los alrededores, los ecosistemas, la biodiversidad y el sistema climático en general.
Sin embargo, este tema tiene dos deudas pendientes: el pago de la deuda de 8 millones de dólares impuestos por el CIADI a Pacific Rim/Oceana Gold, en concepto de costas procesales; y la prohibición definitiva de la minería metálica, por parte del Estado salvadoreño.
Si bien la segunda de tales deudas no surge necesariamente del caso Pacific Rim, este ha sido el detonante para que diferentes voces exijan de nuevo a la Asamblea Legislativa la prohibición de la minería metálica, resaltando en los últimos días la pieza de correspondencia presentada por el jerarca de la Iglesia Católica Apostólica Romana en El Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).
Además, la petición ha sido presentada por otros actores, tales como representantes de los municipios de San José Las Flores y Arcatao, del departamento de Chalatenango, en los que en el pasado reciente se han desarrollado consultas populares al respecto (mecanismo de participación ciudadana establecido en el Art. 116 del Código Municipal), ambas con la participación de observadores internacionales, y de las cuales resultó que más del 90% de la población de cada municipio votó contra la minería. Entre otras peticiones, como las realizadas por el obstáculo que se ha dado hasta la fecha para aprobar una ley de prohibición de la minería metálica, ha sido el mismo del obstáculo de una ley general de aguas, de las reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y de otras leyes que tocan fibras sensibles a los intereses mercantiles del gran empresariado nacional. Sin embargo, en el caso de la minería metálica en particular, las experiencias municipales, la resolución del CIADI, la divulgación científica y los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y de otra naturaleza son suficiente evidencia para no aceptar la negativa de grupos parlamentarios de prohibir la minería.
A ello cabe agregar la alta vulnerabilidad ambiental del territorio salvadoreño y los altos índices de pobreza, que reflejan que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de gran parte de la población, especialmente de la que reside en zonas rurales, también tienen una dimensión ambiental, y por ende, los daños ambientales generados por las grandes industrias (especialmente las extractivista) y el cambio climático en general, agravan sus condiciones de vida, de por sí ya difíciles.
Es por ello que la resistencia a un cambio de visión de los problemas del –complicado- mundo actual, la falta de conciencia sobre lo incierto que actualmente parece el futuro de los pueblos de la humanidad, y en especial de los pueblos subdesarrollados (sí, sin eufemismos), así como los gritos de los intereses mezquinos contra el buen juicio, ya no debe tener cabida mientras existan instituciones que deban su razón de ser a la organización y coexistencia social como la conocemos.
Es imperante que la Asamblea Legislativa apruebe una ley contra la minería, así como es imperante tener un hogar en pie en el que podamos seguir viviendo y que se herede a las futuras generaciones.
