Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Alejandro Díaz, abogado querellante de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, consideró un avance positivo en el Caso de Monseñor Romero, el escrito presentado en el juzgado cuarto de instrucción, por la Unidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, de la Fiscalía General de la República.
“Ese escrito (petición a juez), es para aclarar la participación del capitán Álvaro Rafael Saravia Merino, en el asesinato de Monseñor San Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980 y que el juez valore y dictamine diligencias”, explicó en entrevista exclusiva para Diario CoLatino.
-¿Qué peticiones contiene el escrito?
Lo que hizo la Fiscalía el pasado 25 de febrero, fue solicitar diligencias al juez, en el caso de Monseñor Romero, que vendría a ser un impulso a las investigaciones y entre las específicas, localizar al excapitán Álvaro Saravia y al testigo Amado Garay.
Esta solicitud le servirá para que el juez de causa, solicite a la Embajada de los Estados Unidos la ubicación de ambas personas, que se cree, están en los Estados Unidos.
Y también solicitó documentación al RNPN (Registro Nacional de Personas Naturales), de los testigos que están mencionados en el proceso histórico, algunos de ellos, ya fallecidos, porque se han hecho en relación al orden cronológico del proceso.
Así también, documentos de Monseñor Arturo Rivera Damas, ya fallecido, pero otras que fueron mencionadas en informe de la Comisión de la Verdad; son alrededor de 15 personas de las que solicitan sus registros de identidad dentro la misma diligencia, porque en el proceso histórico no se había hecho, además se tiene que ver si están fuera del país.
-¿Qué otras acciones solicitaron al juez?
En cuanto a documentos o archivos, solicitaron al Arzobispado de San Salvador el expediente de Monseñor Oscar Romero, tanto de la investigación de su asesinato, como la información de su expediente religioso, que han llevado. Así como, fotografías, vídeos y demás documentos.
Solicitaron además, los informes redactados por las personas que han trabajado en documentos desclasificados de Estado de los Estados Unidos, luego que levantó el embargo el expresidente Bill Clinton.
Las investigaciones fueron hechas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, para que a través del juez se logre contar con esa información sobre Monseñor Oscar Romero.
Y pidieron la certificación del juicio civil del año 2004, que se realizó en Fresno, California, del excapitán Álvaro Saravia, porque en ese proceso se le condenó por el asesinato de Monseñor Romero, y se le pidió una reparación por diez millones de dólares. Allí se recabó algunos testimonios de otras personas que participaron también (del asesinato), entonces, estas son las más importantes diligencias que solicitó la Fiscalía al juez del caso.
-¿Cómo evalúan estas peticiones de la Fiscalía?
Debo decir, que esa información nosotros (Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández), ya la habíamos solicitado, en la petición del 23 de marzo de 2017, que fueron las diligencias relacionadas al caso tal vez, algunas más específicas que estas, pero también pedimos documentos desclasificados, el contenido del proceso de Fresno, y otros archivos, para que el juez pida de manera oficial solicite los originales a esas instancias.
-¿Qué documentos más específicos pidieron ustedes?
Solicitamos los nombres de las personas que aparecen en una investigación periodística de un medio virtual, para que sean citados, incluso solicitamos la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, que consta de documentos, testimonios y registros de identidad.
Mientras, la Fiscalía no lo pidió en su escrito reciente.
Nosotros si pedimos la identificación o citación de Mario Molina, persona que fue mencionada como parte del grupo que participó en el asesinato. Y tampoco mencionan a Arturo Muyshondt, Enrique Altamirano o los hermanos Salaverría, que fueron parte de los autores intelectuales o el grupo que financiaba los Escuadrones de la Muerte, que mencionó la misma Comisión de la Verdad.
Siempre hemos solicitado que los autores intelectuales sean investigados y dentro de ellos, a estas familias que financiaron a los Escuadrones de la Muerte, aunque no lo haya solicitado la fiscalía.
-¿Cuál es la diferencia entre la investigación y el informe de la Comisión de la Verdad?
Se ha hecho la solicitud para que el juez, pida a Naciones Unidas (ONU) el archivo de la Comisión de la Verdad en el caso de Monseñor Romero, y es justamente las investigaciones de la comisión de la verdad, cuyos documentos quedaron en Estados Unidos.
Porque el informe de la Comisión de la Verdad, se editó de esa investigación; el informe es solo un resumen ejecutivo y nosotros necesitamos el archivo de la investigación en si.
¿Por qué? la Comisión de la Verdad, trabajaba con un mínimo de dos fuentes la investigación y es lo que necesitamos para documentar el caso, es un archivo importante por las investigaciones y declaraciones -que entendemos- puso bastante cuidado al caso, así como el tema de los autores intelectuales.
Mientras, en el caso de Monseñor Romero (Informe), no mencionan los nombres de esos autores, pero si mencionan todo lo relativo del accionar de los Escuadrones de la Muerte y los financistas, entonces por lógica pagaron a estos grupos y por tanto, muchas otras muertes y quizás el más delicado que es el asesinato de Monseñor Romero.
-¿Por qué es importante el juicio al excapitán Saravia?
Este fue un juicio civil en contra de Saravia, en donde se le condenó por el caso de Monseñor Romero, utilizando una normativa en Estados Unidos, que permite realizar juicios civiles por violaciones a derechos humanos. Ese caso fue promovido por el buffet de abogados del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, en coordinación con Tutela Legal, cuando estaba al frente María Julia Hernández, en aquellos años.
-¿Y con Amado Garay?
Por Amado Garay es porque en sus declaraciones ante la Comisión de Hechos Delictivos y la Fiscalía señaló a Roberto D’aubuisson y Álvaro Saravia, así como a otras personas como partícipes del magnicidio, entonces esa declaración de Amado Garay, tiene más fuerza, porque el juez levanta el sobreseimiento también a Saravia, al mencionarlo en su testimonio.
Amado Garay, casi ratifica la misma declaración que dio aquí, y nosotros en nuestra solicitud de 2017, pedimos que se establezca su paradero si está en el país o en Estados Unidos, porque creemos que ha de tener protección de testigo, por el juicio que se llevó en el año 2004. Es por esta la idea de ubicarlo.
-¿Por qué Saravia no guarda prisión?
Porque salió antes de la resolución del juicio en Estados Unidos, recordemos que lo iban a extraditar desde El Salvador en 1988, pero en esa época la Corte Suprema de Justicia, ayudó para no extraditarlo.
En uno de nuestros escritos presentado al juez, hemos mencionado que se investigue también a la misma Corte Suprema de Justicia, porque cometieron un delito contra la legislación salvadoreña estamos hablando del año 1973, cuando le ayudaron a evadir la justicia.
Y claro, Saravia sale de Estados Unidos y comienza a huir desde el año 2004, no se sabe de su paradero y debe diez millones de dólares por ese juicio civil.
-¿Cuáles serán las diligencias que puede tomar el juez?
El juez tendrá que leer, analizar y solicitar las diligencias que considere más prioritarias, a partir de su propio juicio, no sabemos si pedirá primero los documentos o la localización de estos testigos.
La más importante que solicitamos nosotros es la orden de captura del excapitán Álvaro Saravia, para que la reitere y que se maneje ya como “Difusión Roja” de INTERPOL.
Y la otra ubicar testigos determinantes como Amado Garay, y otros testigos mencionados en el proceso que vieron el carro (del asesino) o a quién disparó, tratar de ubicarlo en donde residen y así que declaren de nuevo sobre el caso en este proceso.
Para nosotros, lo más importante que incorporen a las personas que están mencionadas en el proceso histórico y que han sido también mencionados en reportajes periodísticos.
Porque dan elementos o mencionan a otros autores materiales e intelectuales, y al contar con la documentación de todos ellos; así también no solo se deben investigar a los autores materiales, los autores intelectuales y dentro de este grupo a los financistas son importantes que figuren claramente en el proceso.
Saravia, en una entrevista que dio en algún momento, a un medio de comunicación, ha dicho que no actuaron solos, dijo que eran financiados y entonces la Fiscalía, así como lo hicimos nosotros solicitamos ese archivo en donde se encuentra la investigación, para que sea incorporada al caso de Monseñor Romero,
-¿No pueden ustedes solicitarlo directamente a esas instituciones?
Estos procedimientos son oficiales y entendemos que el gobierno salvadoreño, tiene un embajador o responsable en las Naciones Unidas (ONU), y es a través de ellos que se hace la gestión pero lo debe solicitar el juez del caso.
Lo que no tenemos es seguridad, si el gobierno lo hizo en algún momento de todo este proceso. Porque recordemos que no solo es el caso de Monseñor Romero. Se ha solicitado la misma petición para la masacre de El Mozote y sitios aledaños y el Caso de los Jesuitas y sus trabajadoras.
Y nos interesa porque la Comisión de la Verdad, como sabemos tenían un archivo para cada uno de estos casos y que posteriormente les sirvió para redactar e integrarlo al informe de la Comisión de la Verdad.
De esos archivos sacaron sus conclusiones para determinar las responsabilidades en los casos compilados, entonces con esos documentos tendríamos más certeza sobre quienes fueron los testigos y los señalados porque guardan investigaciones, declaraciones y documentos.
-¿Cuánto tiempo tiene el juez para estas diligencias?
En esto no hay plazos, porque estamos en la etapa de investigación del caso. Nosotros vamos a pedir una reunión con el equipo fiscal de la Unidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la Fiscalía General de la República, para saber que más se ha hecho sobre el caso.
Recordemos que el año pasado el juez ordenó a la fiscalía, con respecto a los autores intelectuales y financistas mencionados en el caso de Monseñor Romero, que los investigue y que abra nuevos procesos porque el juez, mencionó los derechos que tienen los futuros imputados.
Asimismo, en su última resolución el juez ordena también la captura de Saravia. Y agrega que sobre nuevos autores o implicados, será la Fiscalía la que investigue y presente los requerimientos que ya no estarían dentro del proceso histórico.
