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Gloria Silvia Orellana
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El segundo dia de la vista pública contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, inició con una amarga experciencia, ya que la comunidad Santa Marta y ADES denunciaron en horas de la madrugada, en redes sociales, que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) estaban maltratando a sus compañeros líderes comunitarios, durante los traslados a la Vista Pública.
El lunes el Tribunal de Sentencia habría instalado el juicio en contra de ocho personas, de estos seis están presentes, acusados del homicidio de una mujer durante el conflicto armado.La FGR presentó documentación de la supuesta evidencia testimonial y documental para acreditar los delitos que se le imputan a los procesados.
Los procesados son José Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido el 22 de agosto de 1989, sin que se halla encontrado el cuerpo de la supuesta víctima, que según la FGR fue sacada de su casa y torturada antes de su muerte.
La comuninda Santa Marta denunció que la PNC quiso trasladar a la delegación de los Conacastes, en Soyapango, a Antonio Pacheco, uno de los cinco ambientalistas procesados. Esto pese a tener arresto domiciliar, tal como lo denunció Alfredo Leiva, directivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta-ADES.”A Antonio Pacheco lo amenazaron con dejarlo en las bartolinas de la subdelegación de Los Conacastes, violentando el mandato de arresto domiciliar encomendado por el Juzgado”, agregó Leiva.
“Luego, que él les advirtió que estaban violando la orden judicial le fueron a dejar a su casa, pero querían entrar a su vivienda sin autorizacion y los agentes se quedaron en los alrededores”, añadieron los denunciantes.
Para Leiva, todo esto tiene la intención de querer debilitar a los procesados mientras se desarrolla la vista pública.
La comunidad sostiene que el juzgamiento de los cinco ambientalistas, y, por ende, la vista pública, no es el juzgamiento por un crimen, sino una intención de debilitar la resistencia antiminera.
Los representantes de ADES Santa Marta piden al juez actuar apegados a derecho en este caso. La Comunidad Santa Marta y ADES expresan su preocupación por la integridad física de los defensores ambientales y sus familias. Por lo que reiteran el llamado a las autoridades a respetar el debido proceso y los derechos de los cinco ambientalistas de Cabañas. .
Este miércoles la FGR y la parte defensora presentaron los testimonios de las testigos, la audiencia se dio de forma normal, con retrasos y terminos aceptables, por parte del Tribunal.
Leonel Herrera, periodista y activista social, manifestó que el desempeño de la FGR es reprochable, ya que no tuvo la decencia de retirar la acusación, pese al respaldo que tienen los ambientalitas de 250 organizaciones de 30 diferentes países, 17 congresistas de los Estados Unidos, la la relatora de la ONU, organizaciones y activistas, entre otros.
El Estado está empeñado en criminalizarlos y la FGR presenta falta de pruebas, con el famoso testigo protegido, que ha enseñado un lugar falso donde estaba enterrada la supuesta víctima que no fue encontrada ni con excavadoras del MOP.
Además, la FGR está presionando mediaticamente, con una campaña de manipulación, donde se viola la reserva del caso y publica información falsa y fotografías de los acusados para incidir en el fallo y criminilizar a los ambientalistas.
“Queremos que todo mundo tome nota de esta actitud violatoria, ya que ellos pidieron reserva del caso…esperamos que el tribunal no se deje sorprender”, acotó Herrera.
Los líderes ambientalistas, que de resultar culpables podrían ser condenados a la pena máxima por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.
Este jueves continuará la vista pública con testigos de la defensa.
