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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones sociales y ambientalistas que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua evaluaron la situación del medio ambiente en la administración del presidente Nayib Bukele, reiterando que “la política ambiental de El Salvador continúa equivocada”, al resumir los cuatro años de gobierno.
“Conmemoramos una fecha importante para el planeta, como el Día del Medio Ambiente. Es importante para nosotros realizar un balance ambiental en el país, y, a cuatro años del presidente Nayib Bukele”, expresó Rodolfo Calles, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
“El derecho humano al agua sigue siendo deuda pendiente de este gobierno, porque a pesar de la Ley General de Recursos Hídricos, esta norma no responde a los intereses de la población- sobre todo- aquellas poblaciones más vulnerables, a las que le siguen recargándole responsabilidades que son del Estado”, afirmó Calles, tras agregar que hay pocas cosas que celebrar en materia ambiental.
En El Salvador el derecho humano al agua no queda garantizado por decreto legislativo y que junto a la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión de estos bienes hídricos, los únicos beneficiados son los sectores de poder económico, agregó.
“Las Juntas de Agua y ADESCOS han sido y deberían seguir siendo las estructuras comunitarias que son importantes en el área rural para que sigan prestando este servicio a las comunidades de más bajos recursos económicos”, acotó Calles.
“Pero con esta Ley General de Recursos Hídricos, les cargan a estas estructuras comunitarias, obligaciones que son del Estado, como garantizar el derecho humano al agua. Cuando saben que hay muchas Juntas de Agua que no han podido cumplir las nuevas normativas, y que a la entrada en vigencia de la ley no van a poder con todos esos requisitos y quedarán en el limbo por mucho tiempo”, sostuvo Calles.
Ariela González se refirió a la vulnerabilidad de los bienes naturales, frente a la inversión extranjera y nacional que diversas empresas intervienen en proyectos públicos y particulares. Y que la actual administración a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) obtienen sus permisos ambientales en un proceso lleno de flexibilidad y de manera inmediata.
El ministro Fernando López ha utilizado la frase ante la población y medios de comunicación que el desarrollo no puede pararse o terminarse. Y bajo esa realidad esa Cartera de Estado ha brindado miles de permisos ambientales a empresas que se encuentran depredando áreas importantes, manifestó.
“Hemos visto en los últimos días que ha salido a la luz, la situación de Nuevo Cuscatlán, en donde hay un corredor biológico que utilizan una variedad de especies silvestres como lugar de paso en ese ecosistema y lo están depredando. Porque el MARN entregó el permiso ambiental a una urbanizadora que lo está talando.Y llama la atención porque aunque hay marcos jurídicos que protegen bienes comunes importantes este ecosistema ha sido despreciado por el MARN”, añdió González.
González mencionó otros proyectos que afectan severamente a zona de recargas acuífera que elevan el riesgo de las poblaciones y comunidades que se encuentran cerca de mega obras inmobiliarias que tampoco son una respuesta a la vivienda popular.
Otra de las preocupaciones de las organizaciones de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, dijo Luis González, es la posible reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país. Se están enviando señales claras de derogar este marco jurídico.
“Este Día del Medio Ambiente nos preocupa como una crisis multicausal del ambiente golpea a El Salvador. Y en ese sentido uno de esos elementos que preocupan son todas esas acciones que visibiliza el Gobierno en retroceder a una reivindicación del pueblo salvadoreño que fue la prohibición de la minería metálica por contaminante”, explicó.
Hace 6 años se demostró que era de inviable la minería metálica en el país por el impacto que tendría en el pueblo salvadoreño en la salud, al medio ambiente y la biodiversidad. Sabemos también que esa industria son de las más letales para el ser humano y al medio ambiente, sostuvo González.
En ese sentido, enumeró las últimas medidas gubernamentales adoptadas, como crear una Dirección de Hidrocarburos y Minas y otorgarle un presupuesto para su funcionamiento; integrar el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF por sus siglas en inglés), unido a los testimonios de pobladores sobre presencia de personeros de estas mineras en los territorios de Chalatenango y Cabañas, interesados en reunirse con los alcaldes para investigar y comprar terrenos.
“Y en ese contexto nos preocupa la criminalización del movimiento ambientalista, entre estos los compañeros de la comunidad Santa Marta y de la organización ADES, en Victoria, Cabañas, que han sido reconocidos por su lucha contra la minería metálica, quienes siguen en prisión desde el 11 de enero del presente año”, dijo.
Así también, hay otros líderes y lideresas que son amenazados actualmente y preocupa como estos actos como la captura del hijo de Vidalina Morales, que gracias a la presión social lo dejaron libre, pero esas acciones están allí, para amedrentar y amenazar a los defensores ambientales y eso nos preocupa, reafirmó González.
Otra deuda es la firma del Acuerdo de Escazú, que brinda una democratización de las comunidades en cuanto al acceso a la información, participación y la justicia social. Y lo más importante que reconoce y protege el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente.
“El cambio climático global afecta a todos los países de forma diferenciada, en donde Centroamérica es una región altamente vulnerable, sin embargo, en donde las condiciones ambientales, estructurales y culturales en El Salvador, nos exponen a mayor vulnerabilidad”, agregó.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua también realizó una serie de recomendaciones y demandas para el Gobierno, como la implementación de una política ambiental de manera urgente. Y ante todo, que no sea un documento escrito sin mayor aplicabilidad, manifestó Adela Bonilla.
“Queremos que sea una ley dinámica que se aplique, que se cumpla y sea sustentable con los bienes naturales, y que sea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el ejecutor, fiscalizador de dicha política pública. No queremos que este ministerio parezca una -casa tramitadora de permisos ambientales, sino que cumpla sus atribuciones y funciones que tanto la Ley de Medio Ambiente como otras normas que le dan la política ambiental”, manifestó.
“Así como buscar negociación de un Tratado de Aguas Transfronterizas con países hermanos, de la cual demandamos un enfoque de cuenca porque compartimos aguas transfronterizas como Guatemala y Honduras. Una negociación para cesar este tipo de industria que sabemos que si afecta a la parte alta por gravedad afectará abajo de la cuenca y allí estamos nosotros con el proyecto Cerro Blanco, que no es viable, porque afectará nuestras aguas”, puntualizó Bonilla.
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