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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nos hemos reunido para presentar una postura frente a las próximas elecciones acá en El Salvador, junto a organizaciones ambientalistas de Guatemala, que eligieron recientemente sus nuevas autoridades, para urgirles actuar contra la Mina Cerro Blanco y todo proyecto minero que pueda afectar a nuestros países”, dijo Luis González, del equipo de incidencia de la UNES, e integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería.
ACAFREMIN, Movimiento Ecofeminista de El Salvador, la mesa Nacional Frente a la Minería El Salvador, junto a la Asociación Convergencia Democrática y la Comisión Laudato Si de Asunción Mita Guatemala, se pronunciaron en conjunto para que las nuevas autoridades de ambos países busquen un diálogo para elaborar un Tratado de Aguas Transfronterizas, para proteger a la población y su medio ambiente.
Luis González agregó que era importante mencionar a las nuevas autoridades guatemaltecas y las por elegir en El Salvador, el próximo domingo, que la “minería metálica es una de las industrias extractivas que más daño le hacen al ambiente”, y, por tanto, a la salud de la población, como fue retomado por El Salvador al decretar una Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
“Actualmente, nos preocupan los retrocesos de esta ley de prohibición de la minería porque no la sustentan totalmente. Y somos testigos que no se ha aplicado adecuadamente y es parte de las demandas al actual gobierno”, acotó.
“En este período electoral la aplicación de Ley de Prohibición de la Minería Metálica y otras leyes no se están aplicando, como el cierre técnico de otras minas, el resarcimiento ambiental y una reconversión económica de la minería artesanal, que no están en la campaña electoral”, reiteró González.
La falta de temas ambientales en las propuestas programáticas de los partidos políticos en contienda electoral es motivo de “preocupación para los ambientalistas”. Luis González señaló que la falta de prioridad del medio ambiente era un indicio de cuáles podrían ser las prioridades de los gobiernos.
“El tema ambiental debería estar en la agenda de los partidos políticos, y un tema prioritario la mina Cerro Blanco, que públicamente la empresa minera informó contar con el permiso para actualizar el estudio ambiental que plantean pasar de una minería subterránea a una a cielo abierto que tiene mayor radio de contaminación”, objetó.
“Frente a esta situación, y que las autoridades de El Salvador no hayan sentado postura a pesar de contar con una Ley de Recursos hídricos que mandata al gobierno negociar el tema de las aguas transfronterizas y crear una comisión para este caso, pero no se ha hecho”, argumentó González.
Mientras, Octavio Gasparico, de la Asociación Convergencia Democrática, que junto a la Comisión Laudato Si de la parroquia de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, se encargaron de la Consulta Municipal de Vecinos contra el Proyecto Minero de Cerro Blanco, expresó que mantienen una lucha por el respeto a la libre determinación del pueblo miteco.
“Estamos en una lucha por el respeto a la libre determinación del pueblo de Mita, y en contra de una postura de la Corte de Constitucionalidad que se pronunció a favor del proyecto minero, haciendo a un lado la decisión que el pueblo de Asunción Mita tomó”, señaló.
“Estamos sabidos que la Corte Constitucional de Guatemala se ha pronunciado en una forma que deja espacios para otros caminos que seguir en el sentido que la sentencia que pronunció en contra de Asunción Mita, podemos determinar que cometió tres contradicciones legales”, reseñó Gasparico.
El primer desacierto, señaló Gasparico, fue no tomar en cuenta la ya existente jurisprudencia de tres casos anteriores y similares en los cuales, se resolvió que las “Consultas Municipales de Vecinos”, si son vinculantes citando los casos de los municipios de Jalapa, el de San Juan Tecuaco, en Santa Rosa, y Mataquescuintla, Jalapa, no fueron tomados en cuenta a la hora de deliberar la sentencia.
“Lo segundo, es que la Corte atacó como inconstitucional los artículos de un acta que presentó la Comisión Específica (para la consulta), desconociéndose y aduciendo que esa acta y acuerdo fue hecho por la Comisión, pero el reglamento de esa Consulta de Vecinos es una propuesta presentada al gobierno municipal, la que fue revisada, modificada y aprobada como acuerdo municipal”, dijo.
“Y la tercera contradicción son las fechas que la retrotraen al 26 de septiembre, y la consulta de vecinos se realizó el 18 de septiembre, donde el No a la minería fue la decisión que tomó el pueblo de Mita”, indicó Gasparico.
Otra de las observaciones es hacia los funcionarios del Ministerio de medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, quienes estaban a cinco días de entregar el cargo las autoridades entrantes, y decidieron aprobar ese permiso ambiental.
“Ese documento es una licencia que se basa en la actualización, una figura inventada en el 2019, para dar vía libre a estudios de impacto ambiental fracasados como Cerro Blanco, que su estudio aprobado en 2007, y no les funcionó durante 16 años”, explicó.
“Y ahora lo quieren pasar de una mina subterránea a una de cielo abierto, y lo quieren aprobar a base de corrupción como los gobiernos anteriores, y todos los que han tenido que ver con esos proyectos extractivos. Eso fue aprobado el 9 de enero por el MARN, actualización basada en corrupción y que el pueblo de Asunción Mita ha decidido no aceptarlo”, argumentó Gasparico.
Peter Arrieta, de la Comunidad de Asunción Mita y de la Comisión Laudato Si, de la Parroquia de Asunción Mita, refrescó la memoria, al afirmar que fueron alrededor de 8 mil 741 votos al “rotundo No a Cerro Blanco”, por lo tanto, esperan el respeto a la decisión comunitaria.
“Desde hace muchos años hemos estado unidos para defender nuestros recursos naturales, nuestra agua y vida, pero por los gobiernos corruptos y nefastos que han hecho lo que quieren con las leyes de nuestro país, y lo mismo quieren hacer con la Consulta de Vecinos que realizamos el 18 de septiembre de 2022”, opinó.
“Como pueblo de Asunción Mita tomamos la libre determinación de decidir lo que queríamos. Y no queremos destrucción del ambiente y menos a través de engaños de progreso, porque van a contaminar a nuestro pueblo, nuestras aguas. La Corte de Constitucionalidad no le dio validez a la consulta, así como trató de hacerlo con el actual presidente (Bernardo Arévalo), porque nuestras leyes están totalmente corruptas”, reiteró Arrieta.
Arrieta manifestó que hubo un ministro (MARN) que se negó a dar el permiso de explotación minera por vacíos e inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por la minera, rechazado en dos ocasiones, pero terminaron sustituyéndolo y nombraron a otro que dio su firma de inmediato.
“Les dieron ese permiso, y durante más de 15 años, la minera no pudo hacer nada de extracción del oro, sólo hicieron túneles, pero se toparon con aguas termales subterráneas. Y si el estudio de impacto ambiental fuera correcto podrían haber determinado previamente que no iban a avanzar por esas aguas calientes con arsénico que están allí, pero es un permiso corrupto”, aseguró Arrieta.
Las demandas de las organizaciones al nuevo gobierno de Guatemala y el próximo a elegirse en El Salvador, se ajusta a las políticas públicas de protección ambiental en sus programas de gobierno y, a tomar postura pública ante la prohibición de la minería transfronteriza, argumentó Ariela González, de FESPAD.
“Que el gobierno salvadoreño respete e implemente la Ley de Prohibición de la Minería, aprobada por consenso en marzo del 2017, con el fin de proteger las cuencas hidrográficas de El Salvador de la contaminación por drenaje ácido de minas”, subrayó.
“Y que el gobierno salvadoreño demande la cancelación del proyecto Cerro Blanco e inicie un diálogo constructivo con los países de Centroamérica, para la negociación de un tratado de aguas transfronterizas que garantice el derecho humano al agua de las poblaciones de los países”, puntualizó González.
