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Saúl Martínez
Colaborador
@DiarioCoLatino
Durante un encuentro centroamericano desarrollado en El Salvador, grupos de Costa Rica y Honduras, que forman parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, y de organizaciones aliadas de Guatemala, elaboraron estrategias regionales frente a la vulneración de sus derechos humanos y de los pueblos.
Maya Kaqchikel, de Guatemala, expresó que la situación de los defensores en su país y América Latina ha sido un tema muy complicado, ya que constantemente se les da persecución, amenazas a muerte y algunos encarcelamientos.
“Más allá de que los países cuenten con leyes para prohibir la minería, la explotación de los recursos y otros abusos al medioambiente, la sociedad misma debe de contar con un tejido social, que sirva para acompañar a los más vulnerados”, mencionó.
Mariana Porraz de AT-Costa Rica, concuerda con la representante indígena de Guatemala en que la situación de los defensores ambientales y sociales a nivel regional y latinoamericano es sumamente complicada, sumando aún más el tema de la pandemia del COVID-19. Durante este tiempo ha existido criminalización de los defensores ambientales, mal proceso de judicialización de los casos, ante esto se sigue en la lucha por la defensa de los derechos comunes.
“Durante el confinamiento se nos imposibilitó hacer denuncias, salir a las calles, teníamos que estar en las casas, por lo que no nos pudimos movilizar ante las consecuencias económicas en las comunidades, y es que hubo un incremento de proyectos extractivistas, monocultivos de árboles y agrícolas, se vulneraron derechos laborales y de la salud; igualmente evidenció propuestas neoliberales extractivistas que lo que claramente buscan es llevarse los recursos de los territorios”, dijo Porras.
Mientras tanto, la presidenta de Madre Tierra, AT-Honduras, Blanca Serrano, puntualizó que el país vive sumergido en una crisis de inseguridad por parte de grupos terroristas y quienes sufren el “desplazamiento forzado” son principalmente las mujeres, buscando refugio en países como Estados Unidos y España, ya que reciben constantes amenazas de toda índole.
Otra de las situaciones es que la crisis ambiental y social está poniendo en evidencia la falta de políticas públicas, para la seguridad de sus habitantes, “la mayoría de niños y niñas no tiene qué comer, los padres viven en extrema pobreza, muchos de ellos van a los basureros y extraen lo que encuentran”, recalcó.
Según Rafael Vela, de CESTA AT El Salvador, desde que llega al gobierno el presidente Bukele en el 2019, se siguen fortaleciendo políticas neoliberales de explotación de bienes naturales como la creación de una ciudad Bitcoin, la creación del Tren del pacifico y un nuevo aeropuerto internacional en una zona que forma parte de uno de los cinco corredores secos, con reservas de agua estratégicas a nivel comunitario y zonas de bosque de manglar ricas en biodiversidad, de resguardo y alimentación de aves migratorias.
Igualmente, hay un incremento de militarización y de violaciones a derechos laborales, a la libertad de reunión, movilización y organización, así como a la libertad de expresión y de información, creando leyes para que periodistas y medios de comunicación limiten opiniones y críticas no favorables a las actuaciones de instituciones y funcionarios estatales. De esta manera, la población recibe únicamente información oficial del gobierno.
Las delegaciones centroamericanas asistentes a este encuentro coinciden en que las realidades son similares, por lo cual es necesario seguir construyendo mecanismos de organización, unidad y solidaridad internacionalista, para que se permita actuar de manera oportuna.
