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Luis Arnoldo Colato Hernández
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el progreso prometido avanzó a un paso verdaderamente imperceptible, no porque los derechos a la libre expresión, de reunión, de conciencia, de disentimiento, etcétera, se garantizaron ya desde la constitución, pero, sin embargo, sin admitir el abordaje objetivo de las causas originarias estructurales del conflicto salvadoreño.
No. No son estos los deseados privilegios que nos hace falta a la ciudadanía –pues ya se habían arrebatado a la soldadesca en las calles-, sino más bien lo que constituye el espíritu detrás de los acuerdos de paz, pues los acuerdos como tales son apenas un medio para contener la violencia del conflicto armado, ratificado y vigilado por la comunidad internacional, y que son la superación de las desigualdades, la injusticia social, la exclusión, la marginación, la negación de la propia memoria y consecuentemente, la propia identidad.
Lo que empuja a cientos, miles, de salvadoreños y salvadoreñas fuera de nuestro país son la inseguridad y la pobreza, pues las condiciones sociales dominantes, son tan extremas que para ilustrarlo un muy alto porcentaje de ciudadanos pasa una vida laborando y nunca logra ser propietario de su vivienda; tal realidad mueve a muchos a sortear los riesgos que supone la travesía hacia terceros países, donde no pocos llegan incluso a radicarse, pues nada los ata a nuestra tierra.
Esa ausencia de identidad no es casual, pues se la estimula desde la superestructura negando a la ciudadanía elementales derechos como lo son la protección, salud, alimentación –que celebramos se haya reconocido apenas días atrás, como un derecho en toda regla por el legislativo-, pero que se corresponde con el espíritu dominante electorero, por lo que naturalmente aún constituye apenas un proyecto que solo será legal al ser ratificado en la próxima legislatura.
Ahora, estos apenas son unos ejemplos a los que podemos sumar la desinstitucionalización progresiva que la actual administración adelanta en el aparato público y para reunir todo los poderes en la propia persona presidencial [Transparencia Internacional en su informe anual sobre la corrupción global, destaca el agudo proceso regresivo que sufre la administración pública en nuestro país, ubicándolo en el mismo nivel al narco estado colombiano, en el que el poder real existe en dos polos: EEUU y los carteles, siendo apenas el ejecutivo de aquel país una irrisoria suposición tragicómica], y por los niveles rampantes de corrupción y progresiva descomposición del aparato público, agravado por las políticas fascistas que desde el propio gobierno se desean instituir como ley de la república, destacando en ellas el papel que se le desea asignar a las FFAA desde la nueva legislación y bajo el supuesto de que la oficialidad dominará al legislativo en el próximo período.
Es decir, a la resistencia que los poderes fácticos de derecha oponen al progreso social debilitando sistemáticamente a la institucionalidad, ahora debemos sumar la intención cruda de desmontar la institucionalidad, favoreciendo una agenda de clase, para finalmente volver legal la exclusión por la fuerza del soberano.
¿Lo admitiremos?
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