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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avaló este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de su país de exonerar al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y acusó a la DEA estadounidense de fabricarle pruebas en su contra.
En la habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano apuntó que “ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA” y precisó que “el Gobierno que represento secunda, avala y respalda” la decisión de la FGR, que se dio a conocer la víspera.
El general Cienfuegos, jefe del Ejército mexicano durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles (Estados Unidos) tras una investigación de la Agencia Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés), la cual lo acusaba de vínculos con el crimen organizado y de lavado de activos, pero tras un ejercicio diplomático, regresó a México para ser investigado por las autoridades locales.
Este 14 de enero la FGR informó mediante un boletín que no se ejercía acción penal contra Salvador Cienfuegos porque “no se encontró prueba alguna” que lo relacionara con grupos delictivos ni detectaron irregularidades en su patrimonio, entre otros puntos.
Tras la decisión de la Fiscalía General, López Obrador remarcó en más de una ocasión en la rueda de prensa que los “elementos de prueba” presentados por la DEA “no tienen ningún valor probatorio” para enjuiciar a Cienfuegos.
“Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera”, subrayó el mandatario mexicano.
El presidente remarcó que habrá “transparencia plena” en el caso para evitar críticas, y aseguró que pronto se divulgará el expediente del caso.
La decisión de la FGR coincide con la publicación este jueves por parte del Gobierno mexicano de las reglas para limitar el trabajo de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) y otros agentes de seguridad extranjeros tras un mes de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
