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René Martínez Pineda *
Como indicio de legitimidad hermenéutica, partamos del hecho de que la amnistía –como acto jurídico en general y per se- puede significar, en términos sociales e ideológicos: “memoria histórica” o “amnesia pletórica” de forma alternada o como procesos independientes que jamás se juntarán, todo depende de los ojos con que se mire su entramado doctrinario (ojos de víctima o de victimario) y de la teoría social con que se ab orde (pensamiento crítico o funcionalista). Para comprender, desde la perspectiva sociológica y axiológica, los pactos de transición social en la historia moderna (Amnistía e Indulto) y la llamada justicia transicional -restaurativa del daño causado (¿será eso posible?) o fundacional del futuro posible- hay que valorar el contexto interno en que se producen, el que sólo es válido como referente normativo (al pie de la letra) en el período en que se generan tales pactos para afrontar y enrumbar la coyuntura política del momento en uno de sus muchos caminos posibles, dejando para más tarde –o para nunca- los otros caminos que quedan como historias frustradas.
En el caso salvadoreño, como pretensión continental de lo sui géneris, la política de pactos amplios, acuerdos mínimos y reformas a media luz surgida de la guerra civil –en tanto forma de entendimiento provisional… y, ante todo, previsional- tiene plena vigencia y urgencia mientras las causas de la misma no se hayan resuelto o, en su defecto, puede ir cambiando su abordaje político-ideológico (sin entrar en contradicción) en función de un plan de nación trazado en coordenadas distintas a los anteriores, viabilizando así el consenso político precario (pero consenso al fin) y la concertación social para afrontar nuevas crisis económicas y electorales que son gestadas por el capitalismo y por el agotamiento político heredado de la dictadura militar que se había trasformado lentamente (en casi medio siglo de impune derramamiento de sangre y desapariciones forzadas) en un pesado lastre incluso para el crecimiento y ampliación del capital que en un principio arropó a fuerza de plomo y cárceles clandestinas. Hay que recordar que, desde el principio, la Ley de Amnistía –si bien fue necesaria para ponerle fin al conflicto armado en los frentes de guerra que habían sido bañados en sangre por el ejército con su estrategia genocida de “tierra arrasada”- fue acompañada de acuerdos sociales y económicos, así como de fuertes desacuerdos y pugnas ideológicas que se mantuvieron latentes durante estas últimas dos décadas, ante todo en la memoria colectiva del movimiento popular. Ese es un problema sociológico, no jurídico ni constitucional, tal como lo quiere hacer ver la agenda política reaccionaria de la tristemente célebre Sala de lo Constitucional cuyos miembros quieren convertirse en el Leviatán moderno, en tanto forma y poder absoluto de la República.
La entrada del neoliberalismo como forma readecuada del capitalismo en su fase imperialista, traído de la mano por los cuatro gobiernos de ARENA monitoreados por los EE.UU. y que dieron como resultado la privatización de lo público (segunda acumulación originaria de capital, tan feroz como la primera), se produjo en el contexto de la caída del bloque socialista (simbolizada por la llamada “caída del muro de Berlín”) y, por tanto, del final del mundo diplomático bipolar existente hasta entonces, pero dejó intacto el otro mundo económico bipolar que, como muro, es mucho más alto y ancho que aquél: riqueza-pobreza. Esa coyuntura fue, en definitivas cuentas, lo que propició la concertación socio-política necesaria para tratar de construir un Estado democrático con bases antidemocráticas en lo político y económico. A partir de ello el proyecto político, económico, cultural, ideológico y social de la transición, tal como lo comprende la izquierda, está siendo atacado por todos los flancos posibles (la Sala de lo Constitucional es uno de ellos) para hacerlo desaparecer como utopía y lograr que sea prácticamente inexistente o al menos inviable debido, entre otras cosas, a los bloqueos jurídicos y financieros puestos por los constitucionalistas que actúan como los caballeros templarios del capital. Ese es su trabajo asalariado y lo están haciendo muy bien, sin duda alguna.
Haciendo un balance de lo que podríamos llamar movimiento memorista en estos veinte años (grupo no orgánico, aún, pues no ha creado una estructura), ubicando el análisis en el proceso histórico en el que, más que nunca, se evidencia que deshistoriar las relaciones sociales y políticas es una de las tácticas más eficaces con las que cuenta la burguesía para mantener su hegemonía y, a través de ella, su dominio económico y político, creo que ha llegado el momento de hablar de los objetivos que los activistas virtuales del memorismo nos pusimos al considerarnos como parte del grupo de los que “no pueden olvidar” para enfrentar al grupo de los que “no quieren recordar”.
Desde mi militancia en el FMLN en los 80s entendí que lo que llamamos memoria histórica debe ser uno de los ejes de reconstrucción de la izquierda -desde y con su pluralidad- ante la evidencia clara de que, tras la caída de los regímenes denominados de socialismo real, la aseveración de Fukuyama del “fin de la Historia” y la desaparición del pensamiento crítico en la teoría social, ha dado lugar a lo que se ha dado en llamar “pensamiento light” que, en la práctica, no es otra cosa que disfrazar los postulados capitalistas (democracia formal, más mercado libre y desregulado, más explotación) presentando a la ideología burguesa como lo único aceptable, negando cualquier otra. De eso se han encargado los historiadores y sociólogos de derecha.
Inicialmente, pensando en la Amnistía como un acto político inevitable y como un hecho sociológico innegable, el movimiento virtual de los memoristas se trazó los siguientes objetivos: 1.- Construir un movimiento social en el ámbito de la lucha cultural e ideológica que acompañe a la lucha político-electoral; 2.- Recuperar la ilusión por la utopía social en el ámbito de la sociología de la nostalgia; 3.- Recuperar los principios éticos, sociales y políticos que propiciaron la guerra civil; 4.- Luchar por los Derechos Humanos, tanto políticos, como sociales, culturales y económicos; 5.- Superar el lastre de la denominada Amnistía del Olvido; 6.- Recuperar el prestigio de la izquierda y del movimiento popular en su lucha contra la injusticia, a través de la puesta en valor de la historia de las víctimas; 7.- Recuperar el trabajo de base como factor principal de lucha para organizar conciencias y no votos; y 8.- Recuperar la Memoria Histórica y la Identidad Sociocultural.
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