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René Martínez Pineda *
Eso explica el por qué los mismos actores –sin ser ambiguos- pasan de pactar la amnistía a exigir su derogatoria, y luego a exigir que no se derogue si no es asistida con una Ley de la Memoria y con sentencias de inconstitucionalidad de aquellos actos que generan pobreza y desigualdad social para darle sentido humano al concepto “persona humana” que esgrime la Constitución como origen y fin de la actividad del Estado, pues al estar en singular supone, por hermenéutica sociológica, una equidad en las condiciones de vida, la cual no existe. La ley de Amnistía fue la piedra angular para sostener los acuerdos de paz, ciertamente, y la sentencia de su inconstitucionalidad –usando a los hechos para que los hechos no nos usen a nosotros- puede ser vital para romper la impunidad y recuperar la memoria histórica sin caer en la cacería de brujas. Los efectos, por tanto, los definirán los sujetos sociales, pues la historia no es predestino.
La amnistía, como pacto político, ha ido alternando vencedores dependiendo de la coyuntura: primero el militarismo, e inmediatamente después la guerrilla, ya que al pasar, legalmente, a la lucha electoral, se legitimó su accionar político-militar y con ello la guerra civil. La amnistía, ciertamente, fue redactada con mucha grandeza y generosidad política, con muchas renuncias y con mucha benevolencia por parte de la izquierda y eso –sin ser una contradicción, per se- provocó que sobre ella se tuvieran lecturas y posturas desiguales en la década de los 90s (la década-silencio del movimiento popular) lo cual facilitó que los intereses defendidos por el militarismo y el paramilitarismo se hayan extendido durante la restitución de la llamada “reconciliación nacional”, dando como resultado un militarismo social que llevó a las privatizaciones y a la dolarización. Recordemos que el principal partido de derecha fue fundado por escuadroneros y financistas de crímenes de lesa humanidad, según plantea la Comisión de la Verdad, la que terminó siendo una verdad a medias o una verdad muda.
Hablar de Amnistía, o su derogatoria, sin advertir que la impunidad es uno de los pilares fundacionales del capitalismo, y hablar de la construcción del nuevo sujeto revolucionario sin comprender que la memoria es uno de los principales bloques de la arquitectura ideológica de su hegemonía -tratándola como un factor aislado de la política y puramente jurídico- es un grave error que no se debe cometer para que la sentencia de la Sala salga como “tiro por la culata” y no pueda romper el proceso de desarrollo e inversión social de la izquierda. Esa ha sido nuestra lucha durante muchos años y seguirá siéndola porque –entre otras cosas- hacer justicia a los defensores de la libertad y la justicia social, cuestiona al actual orden económico y jurídico.
Como militante de la utopía social que no tiene tiempo-espacio y como activista ad honorem del movimiento memorista, espero que las fuerzas progresistas sepan darle vuelta a la reaccionaria intención política de la Sala (la que para mí es inconstitucional porque contradice flagrantemente el concepto y origen del Poder del pueblo) haciendo de su sentencia un factor de reconstrucción de la memoria, de reagrupación de las víctimas y de fijación de la democracia real mediante una Ley Transitoria de Reparación y Reconocimiento de las Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad. Esa ley (un pacto político, económico, social, jurídico y cultural a redactar como nuevo Contrato Social) es inexcusable en la construcción del socialismo y debe tener un signo primario y no accidentalista. Engels, en su “Contribución a la crítica del proyecto del programa socialdemócrata de Erfurt”, dice: está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma de República democrática. Esta última es incluso la forma específica de la dictadura democrática del proletariado como lo ha demostrado ya la gran Revolución Francesa.”
Entonces, toda sentencia constitucionalista que pretenda, en lo esencial, dañar el desarrollo de un gobierno en función de los más pobres (signo de la izquierda, aunque falta mucho por hacer) debe ser readecuada inteligentemente para que, lejos de eso, logre connotaciones propias asociadas, estructuralmente, al avance en derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Más allá de la Sala de lo Constitucional, el gobierno debe mostrar que no es casual que este período sea el de mayor poder político de la izquierda. Ese hecho explica la brutal reacción en modo jurídico y conduce a que la Amnistía –o su derogatoria- usada en modo histórico reivindique un nuevo país participativo, solidario y con memoria, y eso debe ser un punto no desvinculado, ni negacionista, de otras reivindicaciones políticas, económicas, culturales… antes bien, debe abordarse como un hilván que permita conectarlas dialécticamente para darles forma estatal. La conexión exige que la reivindicación de “otra nación que no olvida”, no quede frenada por componendas constitucionalistas e instaure una acción política vital para las fuerzas de izquierda y del movimiento memorista, pues es un factor estratégico la recuperación de la identidad y dignidad.
Si partimos de la premisa de que el único cambio posible y real debe basarse prioritariamente en el cambio de modelo de Estado y de Base Económica -todo lo que no parte de esta premisa son simples besos a la luna- concluimos que ese cambio ha de correr paralelo al de la equiparación jurídica, política y social de las víctimas del militarismo. No se abren vías democráticas perdurables manteniendo ese déficit histórico y reproduciendo la impunidad que se mantiene sobre los recortes de derechos universales.
En síntesis: ¿Qué significa e implica la abrupta sentencia de derogación de la Ley de Amnistía? Significa e implica lo que los sujetos sociales determinen. ¿Cuáles serán los efectos que la sentencia provocará en la gobernabilidad democrática? Los efectos que los sujetos decidan, porque la historia no sólo tiene un camino a seguir, tiene múltiples caminos que, vistos desde el presente, forman la historia en movimiento y las historias frustradas que son factibles, todo depende de la voluntad social del momento. Hoy, frente a la sentencia de la Sala, estamos en ese momento: el momento de la voluntad social y el momento de la inteligencia de la izquierda. La óptica estrecha (u oportunista) de los constitucionalistas de que un pacto político tipo amnistía es una impunidad que, por ser referencia técnica, hay que resolver jurídicamente (“reprimir su desconocimiento”, dice la sentencia) no tiene en cuenta la vigencia de la lucha de clases que se renueva cada día.
