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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Amnistía Internacional criticó los dos años del Régimen de Excepción, tras considerar que no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal, como medida de seguridad para reducir los homicidios y otros delitos.
La suspensión de derechos que de acuerdo con los estándares internacionales deben garantizarse bajo cualquier circunstancia, agrega AI.
Amnistía Internacional también critica que no haya ningún tipo de evaluación y contrapeso al interior del país y la respuesta tímida de parte de la comunidad internacional.
De acuerdo con el organismo internacional, el régimen de excepción ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos, como la violencia y criminalidad de manera aparentemente sencilla.
Movimientos de víctimas y organizaciones de derechos humanos registran hasta febrero de 2024 que bajo el Régimen de Excepción hay 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad en el país.
Lo anterior ha generado un hacinamiento carcelario del 148% aproximadamente. Además, al menos 235 capturados han muertos bajo la custodia estatal.
“La persistencia del gobierno de Nayib Bukele en mantener el Régimen de Excepción, la adopción de medidas desproporcionadas, y la negación, minimización y ocultamiento de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas, revela su falta de voluntad para cumplir con su deber de respetar y promover los derechos humanos en el país”, manifestó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Piquer sostuvo que esta es una medida de carácter extraordinaria y temporal, sin embargo, el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas acciones como el principal elemento en su estrategia de seguridad.
Piquer reiteró que en estos dos años el gobierno demostró su incapacidad, para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad, sin forzar a la población a elegir entre seguridad y libertad.
Durante estos dos años ha incrementado la precarización y el riesgo de las personas defensoras y cualquier voz disidente o crítica, ante la instrumentalización del régimen para criminalizarlas; actualmente, organizaciones de derechos humanos registran 34 casos de este tipo, la última es Verónica Delgado, una madre que busca a su hija y fue capturada el pasado 11 de marzo de 2024.
“La tendencia del Estado Salvadoreño a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado en El Salvador, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis”, externó Amnistía Internacional.
La comunidad internacional debe reaccionar de manera robusta, articulada y contundente, para condenar cualquier modelo de seguridad pública que se base en la violación de los derechos humanos, finalizó AI.
