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Por Blanca Morel
Managua/AFP
Amnistía Internacional (AI) instó a Nicaragua a declarar una moratoria del proyecto de canal interoceánico que, según la organización, amenaza con expropiar a miles de campesinos, en un irrespeto «inaceptable» a sus derechos.
El gobierno nicaragüense debe «adoptar una moratoria en la implementación de cualquier aspecto u obra del proyecto del Gran Canal hasta que se establezcan salvaguardas legales y procesales» para las comunidades instaladas en la ruta de la vía, dijo el organismo en un extenso informe divulgado en Managua.
La investigación, titulada «Peligro: Derechos en venta», fue presentada por la Fundación de Derechos Humanos que preside la activista nicaragüense residente en Europa Bianca Jagger, quien se encuentra de visita en el país.
«Estoy pidiendo que se suspenda inmediatamente el proyecto», demandó Jagger.
La AFP intentó obtener una reacción del vocero de la Comisión del Canal, Telémaco Talavera, sobre el informe pero no obtuvo respuesta.
A juicio de AI, la suspensión permitiría a las autoridades nicaragüenses renegociar el acuerdo de concesión del canal a la empresa china HKND, aprobado en junio de 2013, y derogar o reformar la ley canalera sobre la base una amplia consulta que garantice la «integridad ambiental y brinde protección contra desalojos forzosos».
Preocupa, además, lo poco que se sabe públicamente sobre «el desarrollo del proyecto y la búsqueda de financiamiento», afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, durante la presentación del informe.
El canal prevé desplazar a entre 30.000 y 120.000 campesinos y expropiar 2.900 km de tierra del sur del país.
Grupos ambientalistas han alertado sobre un «severo» daño al entorno.
«Ortega: ¿no tiene vergüenza usted de estar vendiendo nuestros recursos naturales», acusó Jagger.
El proyecto ha provocado más de 90 protestas campesinas, algunas de las cuales han sido reprimidas por el gobierno, y más de 30 recursos de inconstitucionalidad que han sido rechazados por los tribunales.
«Oscura» concesión
AI elaboró el informe tras dos visitas realizadas en 2016 a la zona del proyecto y entrevistas a dirigentes sociales y a científicos. El gobierno se negó a atender a la delegación de la asociación basada en Londres.
El organismo cuestiona «el oscuro marco jurídico que condujo» a Nicaragua a conceder al empresario chino Wang Jing, dueño de HK Nicaragua Development Investment (HKND), los derechos para construir y operar un canal de 278 km de largo, que competiría con el de Panamá, por un plazo de 50 años prorrogables hasta 100.
La excavación de la vía, que atravesaría el Lago Cocibolca, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica, se encuentra paralizada a la espera de estudios técnicos, entre ellos el diseño de las esclusas, dijo en junio HKND.
El megaproyecto de 50.000 millones de dólares comenzó a ser construido en 2014 y estaba proyectado que concluyera en 2020.
En 2015 Wang perdió gran parte de su fortuna de 10.200 millones de dólares, según la agencia Bloomberg, y algunos medios internacionales especularon con que el proyecto del canal habría sido descartado.
Expropiaciones sin apelación
Sin embargo, AI advierte que la ley de concesión sigue vigente y pone en riesgo los derechos «de cientos de miles de personas» en medio de «una silenciosa penumbra».
El organismo también critica el secretismo que rodea el proyecto y la decisión de las autoridades de aprobar la concesión «sin tener certeza de (el destino de) las comunidades» que serían afectadas.
«Algunas de las comunidades entrevistadas señalaron que se enteraron del proyecto» en 2014, cuando representantes de HKND, acompañados por policías y soldados, llegaron a medir sus terrenos, señala el informe.
Advierte de la «entera discreción» que tiene el gobierno para expropiar los terrenos que necesite HKND para las obras, sin derecho a apelar y a cambio de una indemnización «desventajosa» para los propietarios con títulos.
«La concesión potencialmente podría incluir la expropiación de cualquier parte del país», indica el estudio.
