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Oscar López/Mirna Jiménez
@RedacciónCo Latino
Amnistía Internacional condenó la ley salvadoreña que criminaliza a las mujeres por abortar, sildenafil incluso, ambulance cuando han sido víctimas de violación, seek estupro o si la vida está en grave peligro por el embarazo.
El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, dijo que la penalización salvadoreña contra las mujeres incluso constituye una violación del Convenio Mundial contra la Tortura y cada año pone en riesgo la vida de miles de salvadoreñas que se someten a abortos inseguros o clandestinos.
La Organización por defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, presentó esta mañana un informe en el que destaca que a pesar de que en El Salvador las mujeres continúan abriéndose camino en la sociedad, aún le quedan grandes barreras sociopolíticas, económicas y culturales por afrontar.
El Informe denominado “Al Borde de la Muerte, Violencia Contra las Mujeres y Prohibición del Aborto en El Salvador”, fue realizado por Amnistía Internacional durante los años 2012, 2013 y 2014.
Según el informe, en El Salvador, la violencia contra las niñas y mujeres es generalizada y no existe estadísticas, esto debido a los criterios que utilizan las instituciones encuestadoras, además del estigma social que se le impone a los delitos contra las mujeres.
Asimismo, establece como preocupante que exista discriminación por parte de las entidades de justicia judicial, hacia las mujeres que son víctimas de violencia, los cuales son generados por estereotipos de género o creencias religiosas por parte de algunos jueces impiden que las mujeres tengan un pleno acceso a la justicia.
Amnistía Internacional documenta en este informe cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas, ya que pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel.
El informe que recoge testimonios y casos de mujeres que fueron acusadas judicialmente por aborto. Esto para la organización es considerado como una clara violación a los derechos humanos de las mujeres.
Por lo mismo, la organización internacional recomendó al Estado Salvadoreño la despenalización del aborto en algunas situaciones.
“Recomendamos la despenalización del aborto en aquellas situaciones en las que la madre corra riesgo o en los que el producto sea por una violación”, dijo Guevara.
De igual forma, Amnistía Internacional indicó en su informe que en las últimas décadas el país ha tenido avances en materia de derechos humanos, sin embargo, las mujeres y niñas enfrentan obstáculos para la completa realización de sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales y reproductivos.
Para la organización, la prohibición del aborto es la mayor expresión de violación a los derechos sexuales y reproductivos de las féminas. “Es la máxima expresión de la discriminación de género y la violencia contra las mujeres”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistia Internacional.
Guevara agregó que una preocupación de Amnistía es que en el país hay numerosos casos de mujeres y niñas que mueren por falta de atención adecuada en cuanto a la salud sexual y reproductiva.
Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es el creciente número de casos de mujeres que se practican abortos de manera clandestina, ya que algunas recurren a métodos peligrosos, como ingerir pesticidas o introducirse objetos afilados.
En cuanto a la postura de grupos que se oponen a cualquier tipo de aborto, Guevara explicó que Amnistía Internacional no se opone a que se expresen este tipo de opiniones, pero que el debate sobre el tema debe estar sustentado en la garantía de los derechos humanos y en estudios médicos que establezcan los riesgos de la prohibición total del aborto.
La directora para Las Américas de Amnistía Internacional reconoció que la prohibición del aborto es un tema complejo, pero que se debe legislar para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Guevara reconoció que en el país las mujeres que son criminalizadas son las de bajos recursos económicos, ya que las otras clases sociales tienen la posibilidad de salir del país a practicarse un aborto en una clínica especializada.
Shetty señaló hoy durante el lanzamiento del informe la terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador, la cual es realmente espeluznante y equiparable a la tortura, pues se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo.
“Lo terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir”, aseguró Shetty.
Según el informe, debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel.
“Estamos hablando de 20 mil y 40 mil casos al año de niñas y mujeres que tienen abortos inseguros, muchas de estas niñas y mujeres desafortunadamente pierden la vida en ese proceso”, manifestó Shetty, en un canal de televisión.
“Esto, desde la perspectiva de Amnistía Internacional no está en consenso con las normas internacionales de derechos humanos, de hecho el Salvador ha firmado diferentes convenios, entre estos el Convenio contra la Tortura y dado el dolor y el gran sufrimiento que tienen estas señoras y niñas, esta ley es una violación del Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura”, dijo Shetty dijo que se ha entrevistado con varias de las mujeres condenadas por abortar y que su sufrimiento es indescriptible.
Añadió que el país debe tener un debate abierto sobre la realidad a que se enfrentan estas mujeres y niñas.
Para el secretario general de AI es “inaceptable” que el Estado no asuma su responsabilidad por lo menos en los casos de mujeres que por enfrentarse a embarazos producto de violación o riesgos en su salud, se someten a abortos de alto riesgo.
Guevara Rosas, manifestó que la prohibición absoluta del aborto es “la manifestación máxima de la discriminación de género que se enfrenta en este país”.
Guevara Rosas dijo que las mujeres y las niñas en El Salvador “son víctimas de una deuda histórica por el avance de sus derechos humanos y particularmente por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.
Añadió que la prohibición total del aborto pone a las mujeres y menores en riesgo de perder la vida, pero también en riesgo de daños a su salud física y sicológica, que tienen una tremenda repercusión en la sociedad.
De acuerdo con Guevara Rosas, esta ley de criminalización de las mujeres, además de ser una expresión de la violencia física y sicológica, también constituye una expresión de la “violencia institucional y la injusticia” a la que estas se ven enfrentadas.
En mayo del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (todos hombres), fallaron en contra de la petición de aborto terapéutico presentado por una joven de 22 años identificada como Beatriz, quien enfrentaba graves complicaciones de salud y su vida debido a su embarazo y esperaba un bebé que no tenía cerebro y que moriría inmediatamente.
Además de desamparar Beatriz, enferma de lupus, los magistrados de la corte fallaron en abril de este año a favor de 10 artículos que penalizan el aborto y condenan a largas penas de cárcel a las mujeres que lo practiquen.
Amnistía Internacional presentó este día en el país el informe denominado “Al borde de la muerte, violencia contra las mujeres en El Salvador”, en donde recopila casos documentados donde jóvenes y adultas narran las situaciones a que se han visto sometidas por este tipo de prohibiciones que solo están vigentes en nueve países del mundo, según esta organización defensora de los derechos humanos.
“El informe es el resultado de casi dos años de investigación. Rescatamos una serie de testimonios no solo de mujeres y niñas que han sido víctimas de esta prohibición total del aborto, pero también testimonios de profesionales de la salud, trabajadores y trabajadoras sociales que se ven enfrentados y limitados en su ejercicio de sus profesiones por esta prohibición”, dijo Guevara Rosas.
