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Redacción Nacionales
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Ante la detención de Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Amnistía Internacional exhortó a las autoridades a garantizar su integridad física y psicológica, así como a todas las personas detenidas, y asegurarles un juicio justo con todas las garantías procesales.
“La detención de Zavala es especialmente preocupante, pues ha sido testigo y denunciante de torturas en centros penitenciarios, UNIDEHC ha sido clave en la visibilización de graves violaciones de derechos humanos, especialmente aquellas relacionadas con el Régimen de Excepción”, señaló Amnistía Internacional.
Asimismo, destacó que la captura de Zavala, la detención de los líderes y habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, San Juan Opico, La Libertad y el allanamiento a la vivienda de Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, generan gran preocupación, porque podrían formar parte de una estrategia de criminalización contra personas defensoras en el país.
Estos hechos ocurrieron después de que UNIDEHC acompañara una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre la detención de líderes comunitarios de «La Floresta», quienes luchan por evitar el desalojo de sus tierras.
Luego de esta acción se ha reportado la detención de al menos 20 personas más de esta comunidad, lo que refuerza la preocupación por la creciente represión contra quienes defienden el derecho a la tierra y la organización comunitaria.
“La detención de Fidel Zavala, además, parece responder a un patrón de represalia e intimidación por su labor de denuncia sobre torturas, muertes y otros abusos en centros penales bajo el Régimen de Excepción, su testimonio ha sido crucial para exponer estas violaciones a nivel nacional e internacional, lo que aumenta el temor de que su captura busque silenciar su labor y desalentar la denuncia de abusos estatales”, recalcó Amnistía.
Amnistía Internacional consideró urgente evitar que Zavala quede bajo la custodia de funcionarios, a quienes ha denunciado por torturas y muertes en centros penitenciarios, las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil, puedan hacer su trabajo sin temor a represalias.
También, denunció que, desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022, las autoridades han adoptado medidas que reflejan un patrón generalizado de abuso estatal, lo cual, ha provocado miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal.
