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Conscientes de que mejorar la eficiencia y extender la cobertura del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) es de suma importancia, miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA) crearon su propia propuesta de reforma al sistema, con la que buscan eliminar la limitada cobertura del actual.
Los diferentes movimientos que trabajaron en la propuesta, entre ellos la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), proponen implementar medidas que fomenten la participación activa de una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores productivos, incluidos los tradicionalmente excluidos como el: doméstico, agrícola y/o trabajadores por cuenta propia.
“Hay que darles la oportunidad de derechos básicos, como al de una pensión, a la salud, pero también deberes como el de contribuir a la sociedad salvadoreña a través de los impuestos”, indicaron en su propuesta.
En relación al aporte del sector por cuenta propia, servicios profesionales, agrícola, oficios varios o a domicilio, el aporte será del 10% en función de los ingresos obtenidos durante el periodo de un mes, pudiendo hacer abonos extraordinarios denominados como cuota voluntaria mediante una declaración de ingresos de forma flexible, de tal manera que esta contribución pueda ayudar también en la rentabilidad.
Los movimientos proponen una pensión vitalicia por vejez en el que aquellos que hayan cumplido con los requisitos establecidos por el Instituto Autónomo de Previsión Social (IAPS) tengan derecho a una pensión vitalicia.
Asimismo, establecen que los afiliados al IAPS podrán pensionarse, no importando la edad en los casos que el riesgo, esfuerzo y agotamiento físico del trabajador no le permite desempeñarse en sus funciones y que haya cumplido 25 años de cotización, continuo o discontinuo en el sector construcción y maquila.
Agregó que “aquellos afiliados que cumpliendo 55 años, las mujeres y 60 años, los hombres no hayan cotizado los 25 años, y decidan retirarse por su vejez podrán solicitar al Instituto la devolución de sus aportaciones incluyendo su rentabilidad, exceptuando las asignaciones presupuestarias y contribuciones especiales”.
Según la fuente, si los afiliados han cumplido la edad de 55 años, las mujeres y 60, los hombres, pero no han cumplido con los 25 años de cotización, pero han cotizado por 15 años, estos tendrían derecho a una pensión reducida.
En su propuesta establecen que los trabajadores por cuenta propia podrán pensionarse cuando hayan cumplido con 300 cuotas previsionales registradas continuas o discontinuas y se cumplan las condiciones establecidas.
Enfocados en que la Seguridad Social es un Derecho Humano y el Estado está obligado a garantizarlo, proponen la creación de una Institución Autónoma que supere todas las limitaciones y evitar la discrecionalidad de los actores políticos y las pensiones de miseria que ofrece el actual sistema.
“Una Institución Oficial Autónoma que desarrolle y administre los Fondos de Pensiones. Teniendo en cuenta cuatro elementos fundamentales: Rentabilidad, Cobertura, Transparencia y Pensión Digna (vitalicia)”, detalló la fuente.
El Instituto Autónomo de Previsión Social será el único ente administrador de fondos de Pensiones, de derecho público, autónomo, administrativo y financiero que tiene por objeto administrar el fondo, gestionar y otorgar las prestaciones y beneficios que establece la Ley.
Con el fin de contribuir a los fondos de pensiones y que dicha propuesta tenga viabilidad en el tiempo, consideran necesario establecer un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles suntuarios e inactivos urbanos, que permitan aliviar la carga del Estado con el pago de pensiones.
El nuevo impuesto deberá ser pagado por personas naturales y jurídicas que tengan patrimonios arriba de $350,000.00, con la filosofía de que paguen más los que tienen más.
La elaboración de la propuesta contó con el apoyo de FESS (Federación Sindical de El Salvador), Colectivo Universitario-UES, Coordinadora Sindical Salvadoreña, Coordinadora Nacional de Vendedores, Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social, entre otros movimientos sociales.
