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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó la acusación en contra de Ana Ligia de Saca y otros trece imputados, señalados de Lavado de Dinero y Activos. En su tercer día de audiencia, el Juzgado Séptimo de Instrucción, escuchó las conductas que se le atribuyen a la exprimera Dama.
La representación fiscal sostiene que Ligia de Saca, usó dinero proveniente de las cuentas de Casa Presidencial, para pagar beneficios directos, cobro de cheques a favor de sociedades a beneficio de ella, por un monto de 17.3 millones de dólares, detalla el peritaje financiero.
La FGR ha establecido que la exprimera dama, recibió 600 mil dólares durante cinco años en concepto de salario, monto que no se justificó, ya que su función es ad honorem.
La esposa de Saca recibió durante el periodo presidencial de su esposo 10 mil dólares mensuales, cuando su función como Primera Dama era ad honoren. Presuntamente recibió un total de 600 mil 736.77 dólares.
También, en septiembre de 2004 la imputada presuntamente canceló una tarjeta de crédito, con un cheque que emitió Elmer Charlaix, por un monto de $13,366.00, proveniente de Casa Presidencial.
La Fiscalía estableció que Ana Ligia Mixco Sol, era la que autorizaba el manejo de cuentas de la Sociedades del Grupo Radial Samix, dinero que era retornado por las sociedades ANLE, Funes Asociados y Marketing, dando como resultado el crecimiento de sus ingresos durante el periodo presidencial de su esposo Antonio Saca.
Ana Ligia de Saca, realizó pagos electrónicos de supuestos pagos de planillas de parte de la sociedad Samix, en el periodo de marzo 2005 al 2015, haciendo un total 4 millones 145 mil 999.12 dólares en transferencias electrónicas, según la Fiscalía.
Finalmente, el ministerio Público informó que cuando fue presidenta de la Asociación Familias en Progreso, recibió de Casa Presidencial 1 millón 105 mil, monto que fue utilizado presuntamente para actividades que no eran de la asociación.
También Oscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera dama, administrador único de las sociedades Promotoras de Comunicaciones y la Sociedad Samix, abrió cinco cuentas en diferentes bancos, aunque no tenían libertad para manejarlas y no tenía firma autorizada.
La Fiscalía afirmó que el modo operandi de este grupo de catorce personas, fue a través del uso de cuentas bancarias, que hacían cambio de dinero de cuenta a cuenta, con la finalidad de tratar ocultar las transacciones.
Los procesados son acusados de blanquear un aproximado de 22 millones de dólares, provenientes de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
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