Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Carta Económica
www.cartaeconomica.com
PRIMERA PARTE
En los últimos años nuestro país ha mostrado tasas de crecimiento económico nada alentadoras, dichas tasas en nada resuelven la problemática en que vive El Salvador en la actualidad. El siguiente gráfico muestra las tasas de crecimiento trimestral de los últimos 10 años, donde observa una tendencia clara de estancamiento económico, producto de diversos factores como los altos niveles de endeudamiento, un creciente déficit comercial, la fuga de capital, y la falta de apoyo a los sectores productivos de la economía, entre otros.
El crecimiento económico para el año 2006 fue de 4.1%, el cual se debió al aporte de la demanda interna, en particular por el consumo, que creció en 4.9%. También contribuyó el crecimiento que registró la inversión, tanto pública como privada, del 10.8% anual, muestra evidente de una notable recuperación. Las exportaciones de bienes y servicios mostraron un crecimiento de 7.0% respecto al año anterior. La producción del sector agropecuario registró un buen comportamiento durante el 2006, con un crecimiento anual de 7.1%. Esta explicación del año 2006 ha sido cuestionada por nosotros e igual por expresidentes del BCR y otros funcionarios, en cuanto a que este año el comportamiento referido, fue en realidad resultado de una manipulación de las cifras macroeconómicas, pues se altero el crecimiento del Sector Agropecuario y otros sectores. Por lo que se estima que el PIB nacional sigue sobreestimado entre un 15% y un 20%, esto oficialmente no se ha querido reconocer, dado que transparentaría más la verdadera crisis económica que se vive, la cual no se da únicamente a nivel de la crisis financiera del Estado y su incapacidad de pago de la deuda y sus compromisos con las familias pobres como se verá en la segunda parte de este artículo.
En el año 2009, como producto de la crisis económica mundial, la economía salvadoreña enfrentó condiciones desfavorables, lo cual se reflejó en una tasa negativa de -3.1%.
A partir del 2010, el crecimiento económico ha oscilado entre 1% y 2%, al cierre del año 2016 el crecimiento de la economía indicaba una tasa del 2.5%, situación que no cambiará si se mantiene el actual sistema neoliberal que ha llevado al país a una tendencia de lento crecimiento. Cada año se repite lo mismo, el lento crecimiento de nuestro país con perspectivas nada alentadoras, como lo muestra el gráfico siguiente, ya que para este año, tanto el BCR como el FMI, coinciden en que el crecimiento será de 2.4%, y el próximo año entre el 2.3% y el 2.6%. Estos crecimientos son cuestionables cuando cruzamos las condiciones reales macroeconómicas del país, en la balanza comercial, en la Balanza de Pagos, en la fuerte fuga de capitales, en la baja inversión pública y privado, en una economía estatal deprimida, con un desempleo y subempleo inmenso, una agricultura con una producción decreciente en el café, etc., etc.
En este contexto de bajo crecimiento y con perspectivas de un estancamiento económico, se analizarán algunos problemas que mantienen a El Salvador con estos desalentadores niveles. Debemos ver que las perspectivas de estancamiento pueden pasar a una crisis de caída del PIB, esto puede ser resultado de varios aspectos: la cada vez más difícil situación del Estado para conseguir financiamiento, el incremento de las tasas de interés, la perspectiva real de una disminución de las remesas de los Salvadoreños que residen en Estados Unidos, las perspectivas de una crisis en los Estados Unidos producto del rompimiento del esquema globalizado montado por las transnacionales norteamericanas y de otros países, que ahora se ven amenazadas de entrar a una economía mundial de guerra de aranceles y restricciones al libre comercio, que a favorecido a la economía norteamericana, dado que de hecho la ha financiado por la supremacía del dólar y los tratados del libre comercio como el NAFTA Y CAFTA. Es por eso que cuestionamos esas proyecciones, estas fueron hechas en una perspectivas de un comportamiento estable de la economía mundial y sin tomar en cuenta la verdadera crisis estructural del país en los ingresos de la población, la baja inversión, perdida de competitividad, etc.
El problema de la deuda en El Salvador
Una de las problemáticas que por años viene afectando al país en las finanzas públicas, es lo referente a la deuda, la cual ha llegado a una situación de insostenibilidad fiscal. En el gráfico siguiente podemos observar la relación entre la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) y el Producto Interno Bruto (PIB), como tradicionalmente se realiza, y por lo general se dice que ese parámetro debe rondar entre el 40% y el 60%.
Al realizar el análisis de la deuda del SPNF, podemos observar que en 8 años (del 2008 al 2016) esa deuda, sin pensiones, ha tenido un crecimiento de 5,189 millones de dólares, pasando de 36.8%, con respeto al PIB, a 48.2%. Indudablemente la situación cambia al sumar la deuda de pensiones, con la cual pasa de US$ 8,769 millones, en 2008, a US$ 17,100 millones en el 2016, mostrando un incremento de US$ 8,331 millones; de igual forma, al relacionar dicha deuda con el PIB, vemos cómo en 2016 llegó a 63%. Estos niveles de endeudamiento, como ya se dijo, prácticamente han llevado al país a una situación de insostenibilidad fiscal y de un default técnico o incapacidad de pago.
Pero la situación es muchos más crítica cuando se incorporan dos elementos que nos permiten tener una aproximación más real de la problemática: la deuda previsional que tiene el Estado y el servicio de la deuda. Al incorporar estos dos elementos al análisis, el problema de la deuda se dispara considerablemente. Según cálculos propios, tomando datos de las instituciones públicas (Ministerio de Hacienda y Superintendencia de Pensiones), la deuda previsional del Estado al año 2016 totalizaba 24,664 millones de dólares, lo que hace que la dimensión real de la deuda del SPNF sume, en el año 2016, US$ 42,065 millones, lo que hace que la relación del PIB con la deuda del SPNF se dispare al 155%, y muestra la gravedad del problema de la deuda, como se puede observar en el cuadro siguiente.
El otro elemento que se incorpora al análisis es el del servicio de la deuda, que, según datos del BCR, entre el año 2000 y el 2016, el Estado ha pagado un servicio de la deuda acumulado de 28,018 millones de dólares. Claramente el Estado está en un problema de la deuda sin solución en los parámetros o políticas con que se está manejando este asunto. El servicio de la deuda en el año 2000 fue de US$ 813 millones, lo cual ya era una dificultad, pues representó casi el 6.2% del PIB, y para junio del 2016 el servicio de la deuda fue de US$ 1,658 millones, representando el 4.3% del PIB, tomando en cuenta que eso es para la primera mitad del año, lo que se observa es que esta relación (argumentan los organismos financieros internacionales y el Ministerio de Hacienda) todavía es manejable; pero esto debe verse con cuidado, dado que el monto del servicio es variable en una tendencia a incrementarse. Tomemos en cuento que lo manejable esta determinado por el hecho que el país se pueda seguir endeudando, dado que tiene ya varios años de estarse pagando todo el servicio de la deuda con más deuda, lo cual la ha hecho perversa en el país y es así que esta ya es una trampa de la cual no se saldrá si no se hacer una renogociación como la que hemos venido planteando, en la política actual de manejo de la deuda no hay salida.
Crisis de pensiones: Deuda previsional
Dentro de la deuda pública, la deuda previsional ha llevado de hecho al Gobierno a una incapacidad de pago, vale la pena recordar que en el año 1996, durante el Gobierno del expresidente Calderón Sol, se aprobó la ley SAP (Sistema de Administración de Pensiones), en la que se estableció el traslado, a las empresas privadas, los fondos de pensiones acumulados en el ISSS de los cotizantes del anterior sistema de pensiones. En esa fecha el Estado se comprometió a pagar una deuda por un total de 24,043.97 millones de dólares.
En el año 2001 el gobierno se dio cuenta de la incapacidad financiera con la que contaba para pagar el compromiso anual, ya que los primeros años erosionaron las reservas técnicas del ISSS y era inviable poder hacer esos pagos, por lo que en diciembre del 2001 se aprueba el decreto 664, mediante la forma de pago de los certificados de traspaso, por lo que el Estado se ve obligado a monetizar la deuda de pensiones1.
Pero con los bonos que se comenzaron a emitir a partir del año 2002 (que debían ser aprobados por la Asamblea Legislativa y que requerían el acuerdo del partido FMLN) este comenzó a denunciar el problema del endeudamiento público y a condicionar su incremento, por lo que en septiembre del 2006 se crea el decreto 100, que establece una nueva modalidad de financiamiento de obligaciones previsionales, por medio de la creación del fideicomiso que le da vida a los CIP (FOP).
A partir de este decreto, los valores emitidos para cubrir los traspasos de los fondos de pensiones CIP se vuelven inconstitucionales, dado que estos no llegan para su aprobación a la Asamblea Legislativa, por lo que se ponen en riesgo los fondos de pensiones de los trabajadores y empleados del país, pues estos valores no cuentan con la garantía del Estado. Podemos ver cómo se vuelve perverso el proceso de endeudamiento previsional, ya que de esta forma se convierte en bonos que pagan altos intereses.
Esos bonos los adquieren las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), y cada vez que el Estado les va a pagar, como no tiene liquidez ni le dan los impuestos para eso, este se endeuda.
Y según las proyecciones del ministro de Hacienda (Carlos Cáceres), en el 2030, solo la deuda previsional, va a exigir un servicio de la deuda de más de mil millones de dólares al año.
El siguiente cuadro resume el comportamiento de la deuda previsional a partir del año 2000, en el cual se muestra el monto de las transferencias que se han realizado para el pago de las pensiones y, además, las emisiones que se han realizado de los CIP A y B, que han permitido establecer el monto de la deuda previsional, al 2013, de US$ 24,104 millones. Es importante señalar que dicho monto es similar al de la deuda previsional (al valor presente publicado por la Superintendencia de Pensiones), el cual fue de US$ 24,085 millones.
La fuga de capital
Si al problema de la deuda le aunamos la creciente salida de capital por parte de las empresas transnacionales, el asunto se complica más; en el siguiente cuadro se muestra cómo la Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido extractiva de capitales, las transnacionales extrajeron de nuestro país, en los últimos 16 años, 11,377 millones dólares en concepto de utilidades, además, a través de la repatriación de la inversión, se llevaron US$ 3,612 millones. En total extrajeron del país US$ 14,989 millones. Sin duda alguna el esquema de atracción y promoción de la IED en El Salvador ha sido totalmente adverso a las necesidades de inversión y desarrollo del país, ya que las empresas han realizado un saqueo de recursos financieros, con un promedio de 936 millones anuales.
Es importante que se redefina la política relacionada con la IED, para que esta sea un factor de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, en el sentido más amplio, y que sean importadoras netas de capital al país, contribuyendo de esta manera a lograr tasas mayores de crecimiento económico.
