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Redacción Nacionales
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Un nuevo informe realizado por expertos forenses identificó graves deficiencias en la atención hospitalaria y la posterior investigación de la muerte de Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad nacional, quien habría revelado información de corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele.
El informe pericial fue a petición de Human Rights Watch. “El análisis de los expertos revela fallas profundamente preocupantes tanto en la atención médica proporcionada a Alejandro Muyshondt como en la investigación posterior a su muerte”, expresó Juanita Goebertus Estrada, directora de la división de las Américas de HRW. “Estos hallazgos se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador”, agregó. Es de contextualizar que el 9 de agosto de 2023, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Alejandro Muyshondt, poco después de que acusara públicamente a funcionarios afines a Bukele de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Desde el momento de su detención, Muyshondt fue mantenido incomunicado y sometido a desaparición forzada. Murió bajo custodia del Estado el 7 de febrero de 2024.
El Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) y su Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) analizaron más de 2.000 páginas del historial hospitalario de Muyshondt. Su análisis revela importantes vacíos en los registros médicos, incluyendo falta de evidencia que respalde diagnósticos oficiales, así como serias deficiencias en la investigación sobre su muerte, explicó HRW.
Según el testimonio proporcionado a HRW por un familiar, desde el momento de su detención, Muyshondt estuvo incomunicado y las autoridades se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional. Un defensor público comunicó a su familia que Muyshondt no participó en una audiencia celebrada el 25 de agosto de 2023, en la que un juez ordenó su detención provisional. Muyshondt fue acusado de delitos relacionados con supuestas filtraciones de información al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), que presuntamente habían permitido a Funes evadir la justicia. Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde el 2016.
La organización internacional comentó que los registros del hospital indican que Muyshondt falleció el 7 de febrero de 2024. Según estos documentos, padecía múltiples problemas de salud como meningitis, hemorragia cerebral, fallo multiorgánico y cáncer de estómago. Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que, aunque los registros hospitalarios “estarían completos”, “carecen de pruebas de laboratorio y radiológicas necesarias para confirmar estas condiciones.
“Los médicos diagnosticaron a Muyshondt una hemorragia cerebral, que puede ser resultado de un traumatismo incluyendo como consecuencia de malos tratos o torturas. Sin embargo, los expertos señalaron que el historial médico no incluía ´ninguna imagen radiológica que establezca que Muyshondt sufría una hemorragia cerebral y si esta condición era el resultado de una enfermedad o un traumatismo´. Asimismo, determinaron que los estudios presentados ´no confirman el fallo multiorgánico, ya que no muestran signos de insuficiencia renal o hepática significativa´”, enlistó HRW.
El informe fue elaborado por el Grupo Independiente de Expertos Forenses, un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los malos tratos y las ejecuciones ilegales.
Los expertos, según explicó HRW, también concluyeron que el “nivel de desorganización” del registro hospitalario “representa una deficiencia significativa en el proceso de atención hospitalaria, ya que impide que el paciente, la familia u otras personas puedan comprender y hacer un seguimiento de la condición de salud del individuo y del tratamiento y cuidados proporcionados”.
La organización de derechos humanos informó que revisó una copia del certificado de defunción de Alejandro Muyshondt, que señala como causa de muerte un “edema pulmonar”. Aclararon que el documento indica que la causa de muerte es “preliminar”, y que se encuentra “pendiente de estudio”. Además, indica que se realizó una autopsia. Sin embargo, según un familiar, la familia no ha sido informada de estudios posteriores ni ha recibido copia del informe de la autopsia.
Los forenses determinaron que la investigación sobre la muerte de Muyshondt no se ajustó al “Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas”, un conjunto de estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. El informe de los expertos incluye recomendaciones para las autoridades salvadoreñas, entre ellas proporcionar el informe de la autopsia y los registros de la investigación a la familia y, si esta lo solicita, exhumar el cadáver para realizar nuevos estudios.
Human Rights Watch hace hincapié en que la muerte de Muyshondt ocurre en un contexto de violaciones generalizadas de derechos humanos en El Salvador que no han sido investigadas ni judicializadas. Esto debido al régimen de excepción, una medida que fue implementada desde el 27 de marzo de 2022 y actualmente vigente.
Luego de la muerte de Alejandro Muyshondt, se hicieron públicas varias informaciones comprometedoras del actual Gobierno. Por ejemplo, conversaciones entre Muyshondt y funcionarios de Bukele para montar programas, como ciber espionaje a periodistas, implementación de criptomonedas, entre otros.
