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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Felipe Rivas explicó que luego de revisar el contenido del índice de información reservada se determinó desclasificar 37 ítems, quedando a disposición pública el 99.99% de la información de la institución.
Rivas externó que únicamente se ha dejado en reserva el 1% de la información, que incluye protocolos y planes de operaciones de seguridad de ANDA, entronque de la red de agua potable y expedientes administrativos vinculantes a procesos judiciales o administrativos en los que la institución tiene interés como parte demandada, demandante, denunciada o denunciante.
“Estos temas que se reservan no es por parte de ANDA, sino por parte de otras legislaciones, a partir de este momento vamos a construir los pactos de integridad, las auditorías recurrentes con la Corte de Cuentas y otras entidades, de tal manera que logremos cubrir y proporcionar seguridad a la ciudadanía de todo el accionar de la autónoma”, agregó el funcionario.
El presidente de ANDA agregó que el propósito es poner a disposición de la ciudadanía la información de la institución, divulgando toda la ejecución de los actos administrativos, operativos y financieros, cumpliendo con las obligaciones establecidas en la LAIP y lineamientos del IAIP.
Asimismo, anunció que como parte del compromiso por transparentar el trabajo de la institución, ANDA se adhirió al Grupo Multisectorial (MSG, por sus siglas en inglés), de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST, por sus siglas en inglés), de esta forma la institución publicará en su portal de transparencia la ejecución de los diferentes proyectos.
Además, ANDA habilitó la Casa de la Transparencia, a fin de acercar y poner a disposición del usuario la información de las actividades que se ejecutan, mejorar el servicio de atención a la ciudadanía, y así potenciar la política de ética, transparencia y anticorrupción.
Rivas comentó que en los próximos días firmarán otros pactos de integridad que permitirán fortalecer la contraloría pública y social y garantizar el buen uso de los fondos públicos.
