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Samuel Amaya
@SamelAmaya98
El rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, Andreu Oliva, afirmó que las once medidas que ha tomado el gobierno para intentar paliar la crisis inflacionaria, son una demanda de la población “que ya solicitaban que a los combustibles se les quitara varios de los impuestos que tienen”. Entre ellos, el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE), el de la Contribución al Transporte (Cotrans) y el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Sin embargo, esta disminución no es tan significativa, porque el precio del combustible sigue aumentando debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
“Disminuir impuestos ayuda a la población salvadoreña (pero) el IVA a la canasta básica realmente no es justo, porque los productos de primera necesidad no deberían de estar pagando impuestos. Es una manera de cargar a toda la población con los impuestos y con el sostenimiento del Estado, lo cual, supone una injusticia en el área impositiva, porque los productos de la canasta básica los utilizamos todos, tanto los que tienen posibilidades económicas como los que no las tienen”, comentó Oliva, sobre la cancelación aranceles a las importaciones de 20 productos de la canasta básica.
El rector sostuvo que es importante implementar medidas de austeridad a nivel estatal “porque todos tenemos que apretarnos el cinturón, no solo los ciudadanos”. Dichas medidas deben ir en el gasto público, sin afectar los servicios que el Estado ofrece a la población.
“¿Qué gastos deberían disminuirse en El Salvador?, pues el Estado tendría que disminuir los gastos en publicidad y propaganda, que como sabemos es un gasto muy importante en el actual gobierno, se gasta muchísimo (…). Los viajes en el extranjero, porque a los funcionarios cuando viajan se les dan unas dietas especiales y eso, tiene un costo grande”, destacó.
Oliva añadió que otra medida de austeridad es que la Asamblea Legislativa disminuya lo que entrega a cada diputado para su trabajo, pues a cada legislador se les brinda 14mil dólares. También, se deberían eliminar “todos aquellos gastos que se están haciendo alrededor de la implementación del bitcoin, se están haciendo gastos enormes comprando bitcoin, cuidando a las casetas donde están ubicados los cajeros Chivo, todos esos gastos deberían de revisarse”.
Lo anterior, es una sugerencia, ya que el Estado como tal, dejaría de percibir ingresos, pues a través de esos impuestos (FEFE, Cotrans e IVA) el gobierno asume responsabilidades como pagarles la pensión a los veteranos de Guerra, darle el subsidio al transporte público. En los tres meses que el Gobierno ha decidido suspender las medidas, le costara de entre $75- $80 millones.
En cuanto a la confiscación por parte del Estado a las unidades de transporte colectivo, 42 y 152, Oliva aseguró que “no responde a la legalidad, parece que es un capricho del presidente el haber incautado esta empresa de Catalino Miranda, porque incluso, no hay acuerdo entre las razones por las que se le detiene o se procede a esta incautación. Se habla de incremento de los precios, de que sacó las unidades a la calle y causó un desorden público cosa que nadie vio, de que se resistió a ser detenido. Entonces, parece que es una medida caprichosa (y) abusiva”.
