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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En el balance social, político y económico presentado por las organizaciones que integran a los Profesionales por la Transformación (PROES), el año que está por finalizar fue calificado con un saldo negativo para el Gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, al afirmar que los indicios de corrupción, la poca transparencia y la renuencia a rendir cuentas, es la actual sombra de la actual administración.
Bajo la sospecha de un rebrote de casos de COVID-19 y unos comicios en puerta para el próximo 28 de febrero 2021, PROES planteó un panorama nada alentador para la población salvadoreña, por falta de empleo, un sistema de salud inapropiado y la incertidumbre del pago de los préstamos millonarios para sostener la economía.
“En términos políticos el Gobierno tiende a la ilegalidad”, dijo César Villalona, economista de PROES, al señalar que desde el 2019, que tomó posesión el presidente Nayib Bukele, ha faltado en el cumplimiento que exige el artículo 167 de la Constitución de la República, de presentar el Plan General de Gobierno, y el Plan de Desarrollo y de Protección Social, aprobado en el 2013.
“Este año se arrancó con un Golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero, cuando irrumpió en la Asamblea con fuerzas militares y policiales, en una acción ilegal, que ha sido calificada por la Sala de lo Constitucional como violatoria de la Constitución de la República. Y el fallo es claro, -que dice- que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada violaron el orden constitucional, haciéndole un llamado a respetar la Constitución de la República”, manifestó Villalona.
Otro de los desaciertos del actual Gobierno, señaló Villalona, fue desobedecer las diligencias judiciales, giradas por el juez Jorge Guzmán, del Juzgado de Instrucción de San Francisco, Gotera, Morazán, en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurridas en diciembre de 1981. Un caso de Lesa Humanidad, que se encuentra siendo investigado.
“Fue el presidente Nayib Bukele, quien dio la orden al ministro de Defensa (René Merino Monroy), para no abrir los archivos militares, esto es un irrespeto al órgano Judicial. Y también, irrespetó al órgano Legislativo, cuando les da orden a sus funcionarios como el ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya), en negarse a rendir cuentas en cuatro ocasiones a la Asamblea; o la canciller (Alexandra Hill Tinoco), el ministro de Salud (Francisco Alabí) y la orden al director de la Policía Nacional Civil (Mauricio Arriaza Chicas) que no acatará la decisión de la Asamblea Legislativa de llevar con apremio al ministro de Hacienda”, reseñó.
Asimismo, Villalona consideró “grave” la actuación del actual director de la PNC, Arriaza Chicas, cuando decidió ignorar el requerimiento fiscal, para que los sindicalistas que se han vinculado al ministro de Trabajo (Rolando Castro), fueran desalojados de un tramo de la carretera en el relleno sanitario que utiliza la Alcaldía de San Salvador, lo que consideró un irrespeto a la institucionalidad.
Otro de los rasgos señalados fue la poca “transparencia”. Para Villalona, la negativa reiterada a presentar informes sobre el manejo de los 300 dólares que se entregaron durante la pandemia por COVID-19, a un poco más de un millón de personas, sin conocer los criterios para escogerlos, que serían alrededor de 30 millones de dólares, que están siendo cuestionados por la Corte de Cuentas de la República. Y el ministro Zelaya (Hacienda) se niega a informar.
“Se modificó la Ley LACAP, en el sentido que ya no podemos conocer las licitaciones que se presentan para las compras públicas. La información que conoceríamos solo son las empresas que ganaron la licitación, no las que perdieron y así no podemos hacer un balance del porque fueron escogidos y los que no. Hay una falta de transparencia en el país, muy generalizada, y sobre el acceso a la información pública, el presidente Bukele, viola al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAPI), al imponer una planilla de periodistas que están vinculados al Gobierno”, señaló.
En cuanto a la corrupción, el economista de PROES manifestó que la Corte de Cuentas continúa la investigación sobre los “paquetes de alimentos”, que le han asignado un coste de 90 dólares, según ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, pero que señalan que solo representa 30 dólares en alimentos de primera necesidad.
“Solo allí, puede haber una situación de corrupción por el orden de los 170 millones de dólares, porque se han entregado paquetes de 260 millones traídos del exterior. Hay muchos casos de los funcionarios del actual Gobierno, que le venden al Estado y caso muy notorio es del ministro Alabí, incluso el ministro Zelaya es socio de una empresa cuyos dueños, tienen otra empresa que vende al Estado. Y el caso del MAG, donde el ministro está importando cantidad de alimentos y la empresa es de Sinaloa, que es violatorio de la ley, por eso entendemos la dificultad del ministro Anliker, para rendir cuentas”, sostuvo.
En cuanto a la política exterior, Villalona consideró que es ”sumisa a los Estados Unidos”, y que están aislados de los espacios de integración centroamericana, que lo debilita ante la cohesión de temas de interés de la región, que son de alta sensibilidad.
“Ha roto relaciones con Venezuela y se ha sumado a los países que no reconocen las elecciones en Venezuela. Esa es la política exterior de injerencia en asuntos internos de otros países, de irrespeto a la soberanía de los Estados, un presidente que ataca a los gobiernos de Costa Rica, de Nicaragua o que lanza acusaciones al presidente de Honduras, está aislado”, opinó.
Y en cuanto a la política y propaganda, el economista Villalona señaló que esto es el “eje central”, de donde parten las manipulaciones en la opinión pública, acompañado de lo que consideró un “despilfarro” de fondos del Estado, cuando hay ministerios estratégicos con poco presupuesto.
“No es casual que se haya aumentado el presupuesto para este año utilizarlo en propaganda oficial, pasaron de 9 millones a 24 millones de dólares, solo en Casa Presidencial, o sea, el Estado está manejando alrededor de 200 millones de dólares, en propaganda cuando sumamos todos los recursos de comunicaciones de los ministerios y autónomas. Que son 8 veces más, que el presupuesto del Ministerio de Trabajo, solo para dar una idea, todo esto es negativo”, puntualizó.
