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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Con el informe del OUDH, es acumular conocimiento sobre derechos humanos, crear cultura sobre derechos humanos y prestar servicios a muchos sectores que se preocupan realmente sobre la situación de los derechos humanos”, manifestó el sacerdote jesuita José María Tojeira, director del IDHUCA, al presentar el informe anual del OUDH.
“Puede ser muy útil como herramienta para los periodistas cuando busquen poner en contexto o percibir la realidad fundamental y estructural sobre derechos humanos en el país. Así también, para investigadores que trabajan, proponen análisis sobre derechos humanos o técnicos y políticos que buscan transformar la realidad a la hora de elaborar políticas públicas”, agregó Tojeira.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) es dirigido por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), con tres años de existencia es un espacio que “se va construyendo”, y que se trata de un instrumento académico que recopila, sistematiza y provee información con el fin de crear análisis e incidencia
El padre Tojeira señaló que el “Informe Anual 2020 El Estado de los Derechos Humanos en El Salvador”, consta de 180 páginas, que investigó exhaustivamente cinco derechos humanos fundamentales: la vida, la integridad, la libertad, acceso a la justicia y reparación integral.
“Es importante en estos momentos abrir espacios de investigación, percepción sobre la situación de derechos humanos. Y este tipo de trabajo se hace con respaldo internacional no solo financiamiento de la Unión Europea y el AID, sino también el talento profesional en el campo de los derechos humanos, creando un Consejo Consultivo que apoya la labor del OUDH”, informó.
Sobre los hallazgos contenidos en el Informe del OUDH, Manuel Escalante -subdirector del IDHUCA- señaló que los cinco derechos abordados en el documento son en materia internacional se conocen como derechos inderogables, o sea, sin importar las condiciones socio políticas o violencia, estas prerrogativas deben de garantizarse siempre a la población.
Asimismo, contrastó el “factor pandemia”, que según Escalante, es un elemento importante al valorar la situación de los derechos humanos en El Salvador, ya que, con el análisis de la información se encuentran algunas acciones estatales que generaron “nuevas dinámicas vulneradoras” a derechos humanos.
En el informe se cuestionan las capacidades del Estado frente a los problemas estructurales como la violencia, homicidios, desapariciones o el desplazamiento forzado, ¿será que está disminuyendo la violencia por la eficacia de las políticas públicas o en el año 2020, la capacidad del Estado para registrarla o atender denuncias habrá disminuido? Se plantea.
“En cuanto al derecho a la vida, se registraron 1,332 homicidios, la cifra con respecto al 2019, es una disminución del 44 % y nos lleva a una tasa nacional de 19.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, los esfuerzos no deberían estar enfocados en celebrar una reducción de esta naturaleza, sino a tratar de disminuir aún más los homicidios. La OMS ha dicho que si hay diez homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos frente a una epidemia, y estamos al doble de los estándares aceptables a nivel internacional”, reafirmó.
Sobre el comportamiento de los homicidios en el contexto de la Pandemia, Escalante argumentó que existen hallazgos relevantes entre el primer y segundo trimestre, que luego de decretada la Emergencia Nacional por el COVID-19, que mandó a la cuarentena domiciliar obligatoria, disminuyeron los homicidios. Y luego, se observó un aumento de casos, cuando las personas volvieron a los espacios públicos.
“Este comportamiento epidémico de diez homicidios por 100,000 habitantes lo hemos observado en 155 municipios, o sea el 59 % del territorio nacional, y que es un fenómeno focalizado, y que las medidas de solución, deberían considerar este componente territorial”.
“En el informe aplicamos la categoría de Zona Caliente, que es donde se concentran el mayor número de homicidios y las Zonas Calientes Persistentes, son las que se ha mantenido en el tiempo con un alto número de homicidios. Y llama la atención que en cinco municipios de la zona costera de Oriente, la concentración de homicidios se ha mantenido (2019-2020): El Carmen, en La Unión, Chirilagua y El Tránsito en San Miguel, Concepción Batres y Jucuarán en Usulután, que seguridad pública debería dar una especial atención”, señaló Escalante.
En cuanto a las políticas de seguridad pública consideró que deberían contar con un enfoque integral, o sea, disminuir las cifras pero respetando el Estado de Derecho y Derechos Humanos, porque “el fin no justifica los medios”, dijo Escalante, al señalar que el Estado debe responder de manera proporcional sin abusar de la fuerza física y menos la fuerza letal.
Asimismo, el informe detalló que el Estado durante la pandemia sigue mostrando patrones de un “uso excesivo de fuerza física” por parte de agentes seguridad que violentan los derechos a la vida e integridad, vulnerando algunas veces, de manera abierta el derecho a la libertad, realizando detenciones ilegales o arbitrarias, que solo obedece a una “seguridad opresiva”, indica el informe.
“Hay un indicador sobre las muertes violentas provocadas por enfrentamientos, y encontramos que en 17 municipios más de la mitad de las muertes violentas fueron provocadas por los cuerpos de seguridad. Y en el indicador de muertes de personas particulares y agentes de seguridad, en el contexto de enfrentamientos son 88 personas fallecidas y tres agentes fallecidos, al hacer la relación por cada agente fallecido murieron 29 personas, en ese contexto”, observó Escalante.
Sobre el contexto del número de desaparecidos y homicidios, Escalante señaló que las autoridades Policía Nacional Civil lo manejan como fenómenos separados. Y que las personas desaparecidas no se contabilizan automáticamente como fallecidas.
“El órgano Ejecutivo ha dado algunos porcentajes que han encontrado personas con vida, otras que si están muertas y las que siguen buscando. Sin embargo, estos son más discursos oficiales, pero no conocemos las estadísticas de investigación que utilizan para validar sus datos (PNC/FGR). Con el tema de los desaparecidos se ha tratado de crear una Mesa de Homologación de los Desaparecidos, como se hizo con los homicidios, pero aún no han hecho públicos sus datos”, opinó.
El informe señaló además que el sistema Judicial no ha sido capaz de atender a las víctimas y continúa en una dinámica de generar “impunidad” que han llegado muy alto que impactan a poblaciones en vulnerabilidad. Lo que produce que ninguna institución pública u órgano del Estado, asegurar el resarcimiento a las víctimas a lo largo de la historia.
A toda esta situación, argumentaron, se suma un “peligroso discurso” contrario a los derechos humanos, a la armonía social y al Estado de Derechos del propio presidente de la República, Nayib Bukele, que ha atentado públicamente al uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, al castigo generalizado contra privados de libertad, a la transgresión contra el principio de división de poderes y la independencia judicial. Así también el ataque contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
