Se suele decir que cada año que comienza nos trae nuevos retos, nuevos propósitos y, a partir de ellos, hay que trazarnos objetivos y metas a cumplir. No obstante, en El Salvador se trata no de plantearnos nuevos objetivos, sino continuar los que dejamos inconclusos en el año que termina.
Por ejemplo, en el tema político, desde la llegada de Nayib Bukele, El Salvador ha iniciado un retroceso paulatino, sino es que rápido, en la incipiente democracia alcanzada tras el acuerdo de paz que firmaron las partes el 16 de enero de 1992. Sobre este tema podríamos enumerar todos los que están plasmados en el Acuerdo firmado en Chapultepc México, que los podemos resumir en tres: el respeto a los derechos humanos, las libertades políticas y el respeto a la institucionalidad democrática.
Sobre lo primero, hay mucho que lamentar, comenzando con la imposición del Estado de Excepción aprobada el 27 de marzo de 2022. Si bien se vendió como una ley de excepción para detener una ola sangrienta de asesinatos provocada por la mara salvatrucha (MS), luego de que se rompiera una tregua entre esta y el Gobierno, al final se convirtió en la principal política de seguridad del Gobierno de Bukele, con lo que quedó demostrado, además, el fracaso del publicitado y millonario Plan Control Territorial.
Pero el Estado de excepción no solo sirvió para detener los homicidios provocados por los grupos pandilleriles, sino para someter al pueblo. Una veintena de sindicalistas, por ejemplo, por haber protestado por la falta de salarios y otras prestaciones en las alcaldías, les aplicaron el régimen de excepción, cuatro de ellos todavía están en prisión, mientras que otros siguen el proceso en libertad, pero bajo la amenaza de la ley.
Todos los capturados, bajo la sospecha de ser pandilleros o no, al igual que el resto de los prisioneros no tienen derechos a que los visite un abogado ni los familiares. En los centros penales, las autoridades no les dan información a los familiares de sus presos, y ha habido casos en que hasta semanas o meses después, las familias han recibido al reo en un ataúd, sin saber los motivos de la muerte. Algunos casos, sí, por el informe escueto de medicina legal que fue vapuleado en la prisión, bien por los custodios, bien por los reos.
De acuerdo con CRISTOSAL y Socorro Salvadoreño Humanitario, unos 200 reos fueron asesinados en las cárceles. De los 75 mil capturados desde que se impuso el régimen de excepción, unos 20 mil son inocentes de ser o estar relacionados con las pandillas.
El régimen de excepción sirvió también a las municipalidades, principalmente a la de San Salvador, para desalojar a los vendedores ambulantes sin la más mínima protesta, con aplicarles la ley del estado de excepción si protestaban o se negaran a desalojar las calles ocupadas por los vendedores ambulantes.
Ningún salvadoreño se atreve a denunciar o protestar por miedo a que una llamada telefónica sirva para denunciarlo ante las autoridades de sospechoso de cualquier cosa.
El Estado de Excepción, además de que sirve de arma para callar al pueblo, ha servido también para quitarle otros derechos constitucionales.
La principal violación de los Derechos Humanos en El Salvador está respaldada por la ley del estado de excepción.
Lo anterior no demerita que en los primeros meses la ley sirvió para detener los homicidios, pero luego, se volvió en un arma represiva, no contra los delincuentes, sino contra el pueblo.
En cuanto a las libertades políticas hay que decirlo sin temor a equivocarnos que la estrategia del presidente Bukele y su partido es eliminar a la oposición, comenzando por los partidos que gobernaron el país después de la firma de la paz, es decir, ARENA y el FMLN.
Para ello no solo se ha impuesto una narrativa falsa, manipuladora, sino que hay persecución política. Todos los funcionarios de los gobiernos del FMLN que han estado o siguen en prisión, no es porque cometieron delitos contra el Estado, es simplemente persecución política, pero que buscaban cualquier pretexto para inventar un delito.
Podríamos enumerar muchos casos, pero solo vamos a recordar el caso del Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, exdirector de la PNC y ex ministro de justicia, a quien primero lo acusaron de haber malversado 14 millones de dólares de las tiendas penitenciarias, y hoy la fiscalía dice que son 500 mil dólares. Fue el propio presidente quien públicamente acusó a Ramírez Landaverde.
Lo que ha procurado el gobierno de Bukele, como lo hizo en su momento ARENA, es desprestigiar al FMLN, a través de sus cuadros dirigenciales, para destruirlo, sobre todo para no perder una buena fuerza de su partido Nuevas Ideas, que está integrado por ex efemelenistas.
Y sobre la institucionalidad democrática, que Bukele la está destruyendo al imponerse como candidato presidencial, violando la Constitución en al menos seis artículos.
Estos son los temas de lucha del recién pasado año, y estos son los temas de lucha del nuevo año, entre otros temas de los que hablaremos en otro editorial.