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Vladimir de la Cruz
Cuando la Revolución Rusa -recién triunfada en noviembre de 1917- puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para lograr la paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy Bielorrusia de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.
Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la paz era esencial para la consolidación de la revolución. Esta paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.
Rusia perdió, principalmente, con la Firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.
Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la revolución.
La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.
Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.
Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: Si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.
Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.
Esta pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…
Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.
Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.
Las políticas públicas -hasta hoy en ejecución- han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.
Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.
Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de treinta empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de transmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.
La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.
En Costa Rica la ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.
Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.
El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin la buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.
Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…
Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.
Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan -en el fondo- a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.
(Artículo publicado en LaRevistaCR.com el miércoles 24 de junio del 2020)
