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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones sociales y populares que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Alianza El Salvador en Paz marcharon este 15 de septiembre para conmemorar los 202 años de independencia, y a la vez, denunciar la reelección presidencial, la captura de personas inocentes durante el Régimen de Excepción y los miles de despidos en las diferentes alcaldías e instituciones públicas.
“Esta es una expresión de unidad en total rechazo al régimen corrupto y autoritario, ante las políticas negativas del gobierno. Hoy marchamos en unidad y diciendo no a la reelección”, afirmó Sonia Urrutia, dirigente del BRP.
Urrutia dijo que las diferentes organizaciones están en contra del Régimen de Excepción aplicado a las familias más pobres del país, y ahora a todos los dirigentes sindicales quienes se pronuncian para exigir pago de salarios adeudados; por ello, es necesario continuar denunciando las políticas arbitrarias implementadas por el gobierno.
Para las organizaciones, una de las mayores acciones negativas de la administración Bukele es la captura ilegal de sindicalistas, principalmente trabajadores de alcaldías, quienes han señalado el impago de salarios que van desde uno a cuatro meses; falta de insumos adecuados como en el caso de recolección de desechos sólidos, entre otras.
Stanley Quinteros, coordinador adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, indicó que la Constitución no puede ser violentada por un mandatario, quien ha detenido más de 20 mil víctimas inocentes durante el Régimen de Excepción, que incluye 200 fallecidos dentro de los centros penales. Es un gobierno que criminaliza la pobreza y actividad sindical.
“Este gobierno no tiene el valor de rendir cuentas en que invierte los fondos públicos. Más de $320 millones en bitcoin, la ganancia para el pueblo es más pobreza ante una crisis de seguridad alimentaria, donde el pueblo no puede cubrir la canasta básica. Tenemos que salir a las calles a decir lo que está viviendo el pueblo”, enfatizó.
Hasta junio de 2023 la deuda pública había incrementado en $6.4 millones, pasando de $19.8 millones en 2019 a $26.2 millones, sin embargo, nada de este dinero se ha utilizado para intentar ofrecer una alternativa a las miles de familias que se hunden en la pobreza día con día, sino para pagar deuda y generar más riqueza a familiares y allegados al presidente de la República.
Desde marzo de 2022 se implementó la peor política criminal del gobierno que impera en El Salvador, mediante la cual se persigue, criminaliza, encarcela, tortura y asesina a la población empobrecida y organizada, para la defensa de sus derechos.
“Exigimos la derogatoria definitiva del inconstitucional Régimen de Excepción, porque se ha extendido mucho más de los 60 días que señala la Constitución, y está siendo utilizado por el presidente Bukele para hacer una criminal limpieza social, reportamos 16 compañeros sindicalistas capturados ilegalmente, aunque 9 tienen medidas sustitutivas, 6 continúan encarcelados”, denunciaron las organizaciones.
Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), desde 2021 a la fecha se reporta por lo menos el cierre sorpresivo de 10 maquilas, que deja sin empleo a miles de mujeres y hombres, lo cual es una estrategia perversa de los empleadores para desmantelar sindicatos de trabajadores privados, violando además los derechos a indemnización y pago de prestaciones de las personas que de un momento otros quedan desempleadas.
“Nos unimos al grito de libertad y rechazamos el desmantelamiento del sistema democrático salvadoreño orquestado por Nayib Bukele, así como su pretensión inconstitucional de reelegirse para un segundo mandato presidencial, con la clara intención de perpetuarse ilegal e indefinidamente en el poder, a pesar de la explícita prohibición constitucional respecto a reelección presidencial”, externó.
El MTD señaló que desde junio de 2019 a la fecha el gobierno ha despedido ilegalmente a 20,301 personas que laboraban en el sector público y municipal, de ellos 13,307 trabajaban en 45 dependencias gubernamentales, 4,444 en 25 alcaldías y 2,550 en la Asamblea Legislativa, profundizando así la pobreza y miseria a estas familias.
“Rechazamos y denunciamos la estrategia de desmovilización y liquidación sindical ejercida desde el Ministerio de Trabajo, negando credenciales a las legítimas juntas directivas de sindicatos públicos y privados. Rechazamos más de 40 reformas que el ministro de Trabajo pretende hacerle al Código de Trabajo a espaldas de la clase trabajadora”, agregó.
Las organizaciones sociales y movimientos populares enfatizaron que la clase trabajadora está sumida en una situación cada vez más crítica, constantemente el gobierno se ha encargado de reprimir todo tipo de manifestación en contra de sus políticas y acciones fallidas. Este 15 de septiembre la PNC y el Ejército instaló varios retenes, para impedir la participación de comunidades en la marcha.
Hicieron un llamado a las fuerzas democráticas del país para unirse a la gran gesta histórica de rebeldía y lucha, por la garantía plena de los derechos laborales y libertades sindicales, reivindicando el derecho a protestar y denunciar los abusos del gobierno salvadoreño en contra de los trabajadores y toda la población.
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