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@arpassv
El economista Salvador Arias solicitó esta semana a la Asamblea Legislativa iniciar un proceso de antejuicio contra el fiscal general Douglas Meléndez, por negarse a investigar casos de corrupción de los gobiernos de ARENA y por no aplicar la Ley de Extinción de Dominio a 177 ex funcionarios señalados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Según Arias, Douglas Meléndez estaría cometiendo los delitos de omisión de investigación e incumplimiento de deberes. Si (el fiscal) no cumple su función constitucional de perseguir los delitos (casos de corrupción) debe ser destituido por la Asamblea”, exigió el ex diputado de izquierda.
La referida petición de antejuicio fue respaldada por varios representantes de organizaciones sociales, entre estas la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), quienes realizaron un “juicio popular” contra el fiscal como acto simbólico para reflejar la protesta ciudadana contra su negativa de investigar la corrupción.
La solicitud de Arias es pertinente, pues Meléndez no muestra avances en sonados casos de corrupción. A los 177 ex funcionarios denunciados por el ex parlamentario, se suman los 150 casos presentados por la Secretaría de Transparencia y una lista de casos emblemáticos que involucran a altos personeros de la derecha oligárquica: “destinatarios” de Taiwán, FECEPE, “sobresueldos” y demandas contra magistrados de la Sala Constitucional.
El fiscal tampoco aplica la Ley de Extinción de Dominio a las concesiones radioeléctricas del ex presidente Antonio Saca, ni procesa por otorgamiento irregular de frecuencias televisivas a Fernando Argüello Téllez, ex superintendente de la SIGET y actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido ARENA.
Sobre muchos de estos casos Meléndez ni siquiera responde peticiones de información sobre diligencias realizadas, a pesar de que -según disposiciones del Código Procesal Penal- está obligado a hacerlo en un plazo de cinco días.
La petición de Arias debe ser respaldada por las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población honrada, decente y trabajadora que rechaza la impunidad. El país entero debe presionar para que el fiscal sea destituido del cargo y en su lugar se nombre a un funcionario honesto, capaz y comprometido con la lucha contra la corrupción.
Meléndez, por su parte, debería verse en el espejo de su antecesor Luis Martínez. El ex fiscal está preso por incumplimiento de deberes, omisión de investigación y otros delitos que podría estar cometiendo ahora el fiscal Meléndez.
