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Por Henry Morales Arana
Ciudad de Guatemala/AFP
Diputados opositores guatemaltecos estimaron que la decisión de la justicia de dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez por corrupción es el inicio de un proceso que llevará a la renuncia del mandatario.
«Este es el preludio de la salida del presidente», healing prescription señaló a la AFP el diputado Orlando Blanco, advice del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, diagnosis socialdemócrata), al considerar que Pérez no concluirá su mandato de cuatro años que finaliza en enero próximo.
«Yo creo que el presidente no se someterá a las investigaciones de esta comisión pesquisidora porque sería someterse a un escarnio público» y para evitar eso renunciaría a su cargo, opinó Blanco.
El miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Sin embargo, Pérez rechazó este jueves las presiones y aseguró a periodistas que no dejará el puesto, al tiempo que se desligó de los escándalos.
«Yo estoy dispuesto a seguir con el debido proceso (del antejuicio), pero voy a seguir trabajando hasta el último momento para servirle al pueblo de Guatemala (…). Yo no tengo ninguna responsabilidad y me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo», señaló el gobernante.
Tras la decisión judicial, el Congreso debe ahora conformar una comisión de cinco diputados que hará un informe sobre el caso, que será sometido luego al pleno para que decida si levanta la inmunidad a Pérez para someterlo a un proceso penal.
Según el congresista de Winaq, agrupación fundada por la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Pérez tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios revelados en abril y mayo pasados en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de de su gobierno.
Tras los pasos de Baldetti
El pasado 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos.
La principal acusación recayó contra el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar el 8 de mayo por este caso, debido a supuestas menciones a su persona en conversaciones telefónicas interceptadas a integrantes de la red.
Para Pop, el presidente guatemalteco lleva el mismo camino de Baldetti, a quien también se le había iniciado una investigación legislativa, pero dimitió antes de ser llamada a declarar.
«Yo pensaría que pasará similares circunstancias a lo de la vicepresidente. Siento que si el presidente no llega al Congreso es irreversible que se le retire la inmunidad y es casi irreversible también que renuncie», dijo Pop a medios locales.
Indignación nacional
El último escándalo de corrupción en el gobierno de Pérez quedó al descubierto el pasado 20 de mayo al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el presidente del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario.
Ambos fueron acusados de participar en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 116 millones de quetzales (unos 14,5 millones de dólares) en favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala para el servicio de diálisis peritoneal.
Los casos de corrupción provocaron la indignación de millares de guatemaltecos que desde abril han protagonizado manifestaciones masivas en la capital y en los principales centros urbanos del país para exigir la renuncia de Pérez y su procesamiento por la justicia.
En Facebook y otras redes sociales grupos de ciudadanos están convocando a una nueva protesta callejera para exigir la salida de Pérez de la presidencia del país.
