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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“La sociedad tiene que ser más transparente”, dijo el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción Marcos Rodríguez, en la presentación del anteproyecto de Ley de Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, en la que se busca que no suceda lo ocurrido con el Centro de Estudios Rodríguez Porth, entidad que ha estado al servicio del partido ARENA para canalizar millones de dólares en financiamiento, de manera irregular.
Marcos Rodríguez explicó que se debe reconocer el momento como un tiempo de destape, es decir, transparencia, para generar nuevas reglas del juego y que situaciones del pasado no vuelvan a repetirse. Tal como suscitó con el caso de ARENA y la fundación relacionada al expresidente Francisco Flores y su familia.
Y es que el Centro de Estudios Políticos Rodríguez Porth era una fundación poco conocida, que salió a luz pública a raíz del desvió de $10 millones, donados por República de China, Taiwán, que, según investigaciones de la Fiscalía, fue canalizado a través de Rodríguez Porth para financiar la campaña de Saca.
Sin embargo, recientemente, una ONG pidió la información de financiamiento de todos los partidos políticos al Ministerio de Hacienda que publicó la lista, donde se establece que, desde los años 2011 a 2015, aparecen 20 millones de dólares más de los cuales 12 fueron canalizados por la fundación y otros ocho millones en manos de la fundación Libertad y Progreso, que no existe. Esta situación ha llevado a generar la solicitudes de organismos sociales, personas naturales y diversos actores políticos, a solicitar ante la Fiscalía General de la República que se investiguen estos hechos, o en caso contrario a que se dictamine para disolver al centro de estudios. Hasta el momento ninguna de las denuncias ha surtido efecto.
“Como Secretaría de Transparencia se ha ido a poner una demanda para que la Fiscalía investigue estos fondos, pero no ha hecho eso. Es ilógico que una fundación que aparece con un movimiento total de ocho millones de dólares esté donando 12 millones de dólares a un partido político. Lógicamente puede provenir este dinero de empresarios que no quieren mostrar su identidad, muy difícilmente del Estado, y en última instancia puede venir del crimen organizado”, sostuvo el secretario. El ministro de Gobernación Arístides Valencia confirmó que se ha impuesto un aviso a la FGR para decidir sobre el futuro de la Fundación, sin embargo, el fiscal no se ha pronunciado sobre esto.
Valencia también explicó que la propuesta de anteproyecto de ley es un nuevo marco normativo que responde a las nuevas exigencias sociales de las organizaciones que históricamente han afrontado un sin número de dificultades para su legalidad y su operatividad. Además, afirmó que con esta iniciativa permite que la misma asociación deberá rendir cuentas a sus propios beneficiarios y socios.
