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Redacción Nacionales
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El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) planteó que el anteproyecto de reforma a la Ley del Sistema de Pensiones”, presentado por el Ejecutivo, tiene un fin “propagandístico y electoral”, ya que “no resuelve los problemas del sistema de pensiones: la baja cobertura, las bajas pensiones y la carga financiera que el sistema privado le ocasiona al Estado”.
El BRP informó que la cobertura es de 26% de la población económicamente activa, es decir, que de cada 100 personas que tienen un empleo, solo 26 cotizan para recibir una pensión. La baja cobertura se debe, según planteó el BRP, a que la mayoría de las personas laboran en el sector informal, que, para este sector, la ley no plantea nada para incorporarlas al sistema de pensiones.
“Las bajas pensiones (80% rondan la mínima, de $304 dólares) se deben a los bajos salarios, las altas ganancias de las empresas que administran los fondos (AFP), los bajos rendimientos de los fondos (5.5%) y la forma de cálculo de las pensiones (monto acumulado en la cuenta individual dividido entre 250 meses). La ley no cambia esas causas”, externó el BRP.
La organización social sostuvo que el anteproyecto de ley reduce de 1.9% a 1% la comisión que cobran las AFP, “pero el monto resultante (alrededor de $70 millones al año), dividido entre 831,000 personas cotizantes, apenas da $84 anuales en la cuenta de cada cotizante, una cifra irrelevante, que apenas subiría la pensión en un 2% para quien se jubile 10 años después de aprobada la ley”.
Según recordó el BRP, el Gobierno presentó otro proyecto de ley, para eliminar el Fideicomiso creado en 2006 y que posibilita a las AFP a comprarle al Estado Certificados de Inversión Previsional (CIP) para que éste pague compromisos de pensiones. Pero dicho proyecto crea Certificados de Obligación Previsional (COP), que, según el artículo 10, “las AFP deberán adquirir con los recursos de los fondos de pensión que administran” y que servirán “para financiar pagos que se generen o se deriven de las obligaciones previsionales del Estado”. Para el BRP “los COP son los CIP con otro nombre y con el agravante de que no tienen límites ni garantías del Estado”.
De momento, las tres iniciativas están siendo analizadas y discutidas en la Asamblea Legislativa; por ahora, en la instancia Legislativa se citan a diferentes actores vinculados a las pensiones como el ministro de Trabajo, el director del Banco Central de Reserva, los sindicatos etc.
