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Yaneth Estrada
@caricheop
A siete años de entrada en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se han atendido 71 mil solicitudes, con 166 mil requerimientos a través de 85 instituciones del Órgano Ejecutivo.
“Antes de 2009 la información no era un derecho, sino un secreto que se obtenía por filtración o “cuello” y se preguntaba para qué se requería”, recordó Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción.
Rodríguez consideró que la LAIP fue la palanca que permitió generar un cambio radical, no solamente en el acceso a la información, sino también en la base y concepto del Estado, que es algo que se esta discutiendo hasta hoy desde los partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Insistió que “la clave del buen funcionamiento de este cuerpo normativo es que la información del Estado por naturaleza es pública. Como lo son sus recursos, porque el Estado tiene administradores y no dueños. Asimismo, tiene la virtud de ser pública desde que nació y es la número 93, de las 110 existentes en el mundo”.
“Esta ley es buena porque se discutió públicamente, porque no hubo presiones, vimos otras experiencias, las mejoramos y muchos dicen que es una de las mejores del mundo, esto porque es la que tiene el menor número de causales (ocho) de reserva, tiene el más corto plazo (entre 10 días y 15 días) de respuesta y tiene una entrega garante en el campo de la información”, enfatizó Rodríguez.
Logros importantes
Durante estos siete años, la Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción (SPTA) confirmó que nueve de cada 10 requerimientos fueron entregados totalmente a los ciudadanos, con promedio de respuesta de 7.7 días.
Además, de 800 solicitudes recibidas el 1% fue apelado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en 275 casos el IAIP falló en contra de la entidades, en las demás confirmó lo resuelto.
También el sitio web de transparencia publica información de más de 200 instituciones y se encuentran disponibles más de 294,139 documentos sobre viajes, salarios, asesores, contrataciones, obras en ejecución y currículum de funcionarios, entre otros.
Algunos casos emblemáticos publicados por la STPA fueron los 220 viajes de presidentes, vicepresidentes y primeras damas entre 1989 y 2016.
La transferencia de más de $21 millones de fondos públicos a las ONG desde 1989 a 2016, y el listado de donantes a partidos políticos que durante 12 años acumularon más de $69 millones.
La secretaría, además, hizo público el informe sobre la ejecución de la partida de gastos de servicio de la Presidencia de la República desde 1994 al 2016, donde se menciona que antes del gobierno del expresidente Armando Calderón Sol no se tenía registros de esta. Otro documento publicado fue la asignación a las frecuencias de radio y televisión en donde se encontró que el 60% de estas no tienen documentación.
