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Este día da inicio la audiencia preparatoria del juicio civil en contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito. Foto Diario Co Latino/Archivo

Antonio Saca y Ligia de Saca enfrentan hoy juicio civil por enriquecimiento ilícito

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Este día iniciará la audiencia preparatoria del juicio civil en contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca, acusados de enriquecimiento ilícito. La Cámara también desestimó las acusaciones contra los tres hijos del matrimonio, puesto que estos no ostentaban la calidad de funcionarios.

La Cámara de lo Civil programó para este miércoles la audiencia después de que fuera nombrado como magistrado suplente para conocer el proceso a Saúl Morales; la titular de la Cámara, María Luz Regalado se excusó de conocer el proceso puesto que ella ya era magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia cuando se conoció el dictamen de la Sección de Probidad de la CSJ, que fue enviado a la Fiscalía General de la República para que acusara a Saca por enriquecimiento ilícito. Según el informe de la Sección de Probidad se detectaron trece irregularidades que, preliminarmente cuestionaban el origen de 6.6 millones de dólares en el patrimonio de Antonio Saca, tras haber justificado algunas, el monto se redujo a 4.2 millones. En la misma causa civil es procesada Ana Ligia de Saca, a quien se le cuestiona un aumento de más de $400,000 en su patrimonio.

Red de presuntos estafadores enfrentó audiencia

El Juzgado Especializado de Instrucción “A” instaló audiencia de imposición de medidas contra 43 personas acusados de 45 casos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa y lavado de dinero y activos.

Entre los procesados hay tres abogados que, supuestamente, se encargaban de proporcionar documentación falsa para realizar ventas de inmuebles deshabitados y vender automóviles alquilados y un subinspector de la Policía Nacional Civil, quien supuestamente instruía sobre cómo alterar las tarjetas de circulación de los vehículos.

De igual forma, Gerardo Maltez García y Rafael Guardado Espinoza, ambos empleados del Centro Nacional de Registros (CNR), y Nilson Sandoval Paz, exempleado de la institución, supuestamente proporcionaban información sobre los inmuebles a la estructura. El fiscal general de la República, Raúl Melara ha hecho el llamado enfático en los últimos días a interponer denuncias en caso de haber resultado afectados por esta agrupación dedicada a la estafa.

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