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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Leonel Claros, presidente de la junta directiva de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), demandó del Estado salvadoreño el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en cuanto al caso conocido como la “Masacre de El Mozote”, es decir, la aplicación de justicia.
“A 12 años de emitida esa sentencia en el Caso de El Mozote y sitios aledaños, que casi son 43 años de haber sucedido la masacre; a 33 años también de haberse iniciado el caso judicialmente, todavía nuestros familiares están muriendo sin ver justicia”, afirmó Leonel Claros, presidente de la junta directiva de APDHEM.
Cárcamo, junto a sobrevivientes de este Crimen de Lesa Humanidad, demandó del Estado salvadoreño el cumplimiento de la más importante de obligaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que es la aplicación de justicia a los perpetradores de este crimen masivo.
“Muchas de las víctimas están muriendo día a día, esperando que se haga justicia, no podemos permitirnos ni darnos el lujo como APDHEM, que haya tanta burocracia desde el Estado, para hacer justicia de un caso tan emblemático conocido en El Salvador y a nivel mundial”, señaló.
“Y es como asociación, que hemos venido a San Salvador, para expresar que si bien es cierto hay recomendaciones que se han cumplido, es demasiado lento, a pesar de que la Corte IDH le dio cinco años al Estado salvadoreño para cumplir la sentencia. Y prácticamente llegamos a 12 años en donde las familias estamos de institución en institución pidiendo el cumplimiento de sus deberes como Estado”, dijo Claros.
En cuanto al proceso judicial, señaló que existe una “dilatación para aplicar la justicia”, frente a una demanda colectiva de los sobrevivientes, por lo que esperan que este llamado que realizaron sea escuchado y el tribunal eleve a Vista Pública el caso.
La Joya también fue masacrada
“Mi intervención es porque en La Joya (la única obra) es la Casa del Adulto Mayor y tenemos la calle en pésimas condiciones, y el gobierno cuando fue El Mozote dijo que esa calle estaba ya pavimentada -lo cual- no es cierto, nosotros como víctimas necesitamos que las promesas que se hacen se cumplan”, expresó María del Rosario López.
López agregó que “necesitamos también un puente en el río La Joya, porque ya hasta se ahogaron unos profesores allí. Y pedimos de todo corazón las víctimas porque yo también soy víctima, y miembro de APDHEM, que está en El Mozote, pero hubo masacre también en La Joya, porque no fueron animales los que murieron, para que olviden esa comunidad”, sentenció.
Por tanto, pidió al Estado que la Casa de Adulto Mayor, instalada en el cantón La Joya, Morazán, que está a nombre del Estado, también pavimenten la calle que lleva al lugar porque se les dificulta la movilidad de la población.
En La Joya, comentó, sólo tienen la Casa del Adulto Mayor, la Casa Comunal y el Monumento a la Memoria.
“Todas las obras están sólo en El Mozote, cuando también hubo masacre en La Joya, Cerro Pando y otros, por eso queremos que a todas esas comunidades les brinden el apoyo que se necesita”, reiteró López.
Deben cesar las dilaciones procesales
David Morales, abogado de CRISTOSAL, que forma parte del Equipo Legal que representa a las víctimas de la masacre en la acusación particular, identificó como uno de los “incumplimientos más graves”, a 12 años de emitida la sentencia interamericana (Corte IDH), la ausencia de justicia.
“El proceso penal en el caso de El Mozote se encuentra estancado, se encuentra paralizado, a pesar que es un caso de Crimen de Guerra en El Salvador, mejor documentado y con mayor nivel de prueba y que cuenta con una amplia prueba testimonial de sobrevivientes y víctimas directas que identificaron al Batallón Atlacatl”, argumentó.
“Es también uno de los casos con mayor prueba forense, los restos de más 300 personas fueron recuperados, el 75% de estos restos pertenecían a niños y niñas, menores de 12 años. Toda la evidencia demostró que se trató de población civil, no combatientes”, alegó Morales.
Asimismo, reiteró que el caso de El Mozote y sitios aledaños cuenta con una muy bien documentada “prueba pericial”, en donde expertos internacionales en diferentes disciplinas como: historiadores, documentalistas, antropología social y un militar, han brindado sus dictámenes.
“Se tuvo a una experta internacional en violencia sexual, que emitió su peritaje sobre la violencia sexual que los perpetradores del Batallón Atlacatl ejercieron a niños y niñas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños”, agregó.
“Y pese a que todos los gobiernos, como el actual, han bloqueado el acceso a los archivos militares fundamentales, la prueba documental también es consistente como la cadena de mando que está plenamente establecida, que se trató de un operativo cuya tarea principal era el exterminio de más de mil personas, llevada a cabo por el Batallón Atlacatl, pero fue un operativo de grandes dimensiones”, sostuvo Morales.
Este operativo militar fue planificado desde el Estado Mayor, cuando el coronel Guillermo García era ministro de la Defensa, en la década de los años ochenta.
“El juez natural del caso, Jorge Guzmán, era Juez del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, fue cesado ilegalmente en el año 2021, y, ya había consignado en sus resoluciones que el caso ya estaba depurado y sólo se agotarían las declaraciones de 3 peritos más, antes de elevarlo a plenario”, refirió.
“Las acciones de la defensa de los militares que trató de apartar al juez Guzmán, del caso no lo lograron, pero lo hizo por la fuerza el propio Estado, cuando el gobierno y la Asamblea Legislativa decretan una purga judicial en septiembre del 2021, y arremeten contra el juez Guzmán, al cesarlo inconstitucionalmente, desde entonces la justicia está paralizada”, reiteró Morales.
Solidaridad con las Víctimas
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra María Julia Herández”, extendió su solidaridad a esta denuncia de la masacre de El Mozote y lugares aledaños y 12 años de una sentencia que calificó de “emblemática”, deplorando que ningún gobierno ha podido cumplir a cabalidad a beneficio de las víctimas.
“Hay un abandono a estos 13 militares señalados, hay un abandono al proceso judicial y una intencionalidad de seguir en la impunidad. Como la justicia, que es una de las principales medidas que nunca se ha cumplido, sino evadido”, consideró.
“Los esfuerzos del Estado y la Fiscalía han estado dirigidos a otros casos politizados, como el caso de los ambientalistas de Cabañas, en donde todo el empeño de la Fiscalía estuvo enfilado a atacar líderes comunitarios, llevarlos a Vista Pública y condenarlos de forma exprés; cuando hay otros casos presentados, en los noventa y no los ha judicializado la Fiscalía”, aseveró Díaz.
Del mismo modo, mencionó que, en marzo del presente año, como Tutela Legal “MJH”, junto a CEJIL, se estuvo en una audiencia de seguimiento (de sentencia de cumplimiento) que dejó claro ante los magistrados de la Corte IDH “la falta de voluntad del Estado para cumplir las 14 medidas de reparación”, que vulneran derechos como la consulta, el consenso y el diálogo con las víctimas.
“Efectivamente, las reparaciones se han dado con falta de diálogo y consenso y lamentablemente, siguen revictimizando a muchos familiares y sobrevivientes de la masacre. Hemos informado a la Corte IDH otros daños a las víctimas sobrevivientes como expropiación de propiedades, dividiendo a la población con fines politiqueros”, resumió Díaz.
La Corte IDH ha reconocido en las 8 audiencias realizadas, que no hay cumplimiento de la sentencia, junto a la “supervisión reforzada en el tema judicial”, articuló Díaz, que sólo “evidencia que este gobierno no tiene voluntad”, concluyó.
