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Gloria Silvia Orellana
Redacción DiarioCoLatino
“Ayer mismo (miércoles 10) presentamos la primera apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque, y los próximos días interpondremos nuevos recursos legales para revertir la decisión del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque” sobre los cinco ambientalista, afirmó la Comunidad Santa Marta y ADES.
La comunidad “rechaza la injusta, ilegal e inmoral, resolución del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque”, luego que la jueza María Elizabeth Amaya Rivera. elevars a Vista Pública el caso de los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco.
“Santa Marta y ADES, apoyada por centenares de organizaciones, académicos, abogados y activistas de El Salvador, además de 30 países alrededor del mundo, rechazamos la resolución del Juzgado de Instrucción que manda a nuestros líderes comunitarios a juicio”, dice la Comunidad en un comunicado.
Al mismo tiempo, critica que la jueza Amaya Rivera, pese a la falta de pruebas fehacientes, y con declaraciones de un testigo que se contradijo en varias ocasiones, permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con el proceso judicial.
La señora jueza elevó a vista pública el caso, continuando con esta manipulación del sistema judicial para criminalizar al activismo ambiental de cara a la posible reactivación de la minería metálica”, sostiene el comunicado.
“Este 11 de abril se cumplen 15 meses de la arbitraria detención de nuestros compañeros, cuyo verdadero delito es oponerse a proyectos extractivos que amenazan gravemente al agua, los ecosistemas y la vida en El Salvador. Por eso seguiremos luchando hasta lograr su libertad”, reafirma la Comunidad Santa Marta y ADES.
Con la presentación de la primera apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque, la Comunidad Santa Marta y ADES mantienen la decisión de interponer otros recursos a fin de lograr el sobreseimiento definitivo de los cinco ambientalistas, y que el caso sea cerrado, pues solo ha demostrado la “instrumentalización política” de la justicia en El Salvado.
“Aprovechamos la ocasión para agradecer infinitamente el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales, y el acompañamiento de varias sedes diplomáticas. Asimismo, les invitamos a seguir en esta lucha por la justicia, los derechos humanos, la defensa de los bienes comunes y la continuidad de la vida en El Salvador”, agrega.
Denis Muñoz, abogado de la defensa, señaló al cierre de la Audiencia Preliminar, que los cinco ambientalistas de Cabañas fueron enviados a Vista Pública por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. Un terce delito, el privación de libertad fue desestimado por la jueza.
