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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
En un comunicado, diversas organizaciones que integran la Red Centroamérica por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT), denuncian el posible permiso ambiental por autoridades guatemaltecas a la empresa transnacional minera, Bluestone Resources Inc., propietaria del proyecto minero “Cerro Blanco”.
La mina Cerro Blanco se encuentra en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, y se perfila en un proyecto minero a “cielo abierto” (explosiones para romper la capa superficial de la tierra y rocas, para acceder a los depósitos) para extraer oro y plata. Y que según datos de la empresa minera esperan extraer 2, 45 millones de onzas de oro y 10,3 millones de onzas de plata.
Anualmente, la extracción de los metales preciosos serían de 211 mil onzas de oro durante la “vida útil” de la mina que calculan para un total de 11 años, y la remoción de 15 mil toneladas de rocas por día.
“En diferentes estudios realizados a nivel nacional e internacional, uno de los impactos negativos de la minería metálica se observan de manera inmediata en los bienes hídricos que se localizan en las zonas de los proyectos, principalmente por la contaminación debido al uso de químicos como el cianuro para la separación del oro y la plata de la roca, pero también por la liberación de los metales pesados que se encuentran en el subsuelo”, afirman.
Asimismo, señalan que en el caso de la Mina Cerro Blanco, la situación es “más delicada” , por el uso desmedido que tendrá del agua de la zona, y un segundo aspecto, es que el proyecto minero se encuentra sobre cuerpo de aguas termales con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados, a partir de la profundidad de las aguas.
Por lo que, la minera transnacional Bluestone deberá extraerla antes de llegar a los depósitos de oro y plata, y que según RedCAT, la empresa no ha informado públicamente el procedimiento técnico para esa operación, lo que eleva la incertidumbre entre la población de la zona.
Y que si bien el proyecto minero se localiza en territorio guatemalteco, Red CAT confirmó que existen estudios técnicos y científicos, que afirman que los impactos socio ambientales derivados de la potencial explotación afectarían en primer instancia población guatemalteca, que se encuentra diseminada en la zona del proyecto y de quienes viven en la zona sur y sur oriental del municipio de Asunción Mita. Y, posterior, se encuentra la población salvadoreña que en general saldría afectada al tocar la cuenca hidrográfica comenzando por el lago de Güija, el río Ostua, que impactaría en la calidad y cantidad de agua, tan importante por ser tributarios del río Lempa, que recorre el territorio por 360.2 kilómetros, antes de llegar al mar. Red CAT señaló que precisamente por ese carácter “transfronterizo” de la mina Cerro Blanco y sus impactos ambientales y humanos, se encuentran convencidos que era importante retomar las observaciones del Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Leo Heller, quien habló de “relaciones cooperativas”, a través de tratados bilaterales o trilaterales y lograr un manejo adecuado de las cuencas transfronterizas.
“El uso prioritario del agua para el consumo humano sobre otros usos y adoptando como punto central los principios de los derechos al agua y el saneamiento (informe 3/8/2016)”, agregó.
El Relator Especial Leo Heller dijo en ese momento “Los Estados tienen la obligación de velar porque ninguna de las actividades realizadas en su territorio prive a otro Estado de la capacidad de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho”.
“A partir de lo antes expuesto la Red Centroamericana por al Defensa de Aguas Transfronterizas, plantea la necesidad de organizarse en contra del proyecto minero Cerro Blanco, detener lo es fundamental para el futuro de nuestros pueblos”, dice el comunicado.
“Denunciamos a nivel local, nacional e internacional las consecuencias nefastas de los proyectos mineros transfronterizos en la vida de las personas, de la naturaleza. Reiteramos nuestra demanda a los Estados de Guatemala, Honduras y El Salvador de iniciar de inmediato las negociaciones de un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuencas, sustentables y garantice el acceso al agua potable a la región”, puntualizaron.
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