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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Fue llegando (delegación policial de Apopa) me tomaron fotografías, me trataron como lo peor de este país y empezó aquel espectáculo, que miembro de la prensa detenido por colaborador con pandillas, en donde pasé 72 horas en ese lugar”, narró el periodista Víctor Barahona, periodista de Canal 29, Universal Cable y Radio Tu Onda Club.
“No pensé que iba a estar aquí con la prensa, creí que iba a fallecer en el lugar en el que estuve. Recuerdo, que cuando le dije (agente de la PNC) que era miembro de la prensa de canal 29 , le mostré mi credencial no le tomó importancia”, prosiguió Barahona, al describir los hechos de su captura y encarcelamiento por casi un año.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó la captura arbitraria y sin sustento del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo encarcelado de manera injusta. Durante esos 11 meses y 12 días el periodista permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica.
La captura de Víctor Barahona se registró el 7 de junio de 2022 en la mañana, luego que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), de la colonia Valle del Sol, Apopa, llegarán a su lugar de residencia, pidiéndole información personal e ingresar a su casa de habitación. Según el testimonio del periodista, accedió a las peticiones y cooperó con los agentes.
“Me preguntaron ¿vive sólo? -respondí- sí, soy divorciado, mis hijos viven cerca. Entraron sin una orden judicial, y luego el agente me dice, lo voy a detener, si el jefe dice que regrese, va a regresar. Y cuando me sacaron de la casa me iban a esposar -le pedí que no lo hiciera porque no era delincuente- pero él dijo que por su seguridad y la mía, lo iban hacer”, relató Barahona.
“Me retuvieron (Apopa) tres días y luego me llevaron a Mariona (Penal La Esperanza) y estuve un mes 16 días, sin saber nada, sólo lo que habían dicho en la delegación, acusado de agrupaciones ilícitas. Algunos me dijeron ya va a salir… seis meses están dando. Después me trasladaron con más de 5 mil reos al penal de Izalco, y allí me di cuenta que era de máxima seguridad”, comentó Barahona.
El hacinamiento carcelario, sin información sobre la acusación fiscal y policial, así como, la falta de atención médica, la prescripción de medicamentos para las enfermedades crónicas o enfermedades adquiridas en el lugar, y los castigos que reciben por los custodios, consideró Barahona fue la “pesadilla” en la que fue sumergido.
“Me llevaron a una celda que le llaman la “isla”, que es para 6 personas, pero éramos 16 y luego de estar allí 16 días fui trasladado a la celda 48, en donde estuve con 100 privados de libertad, y era pequeña, Yo sin medicina, soy hipertenso desde hace muchos años y una vez me sacaron para hacerme un chequeo en la clínica me empezaron a darme enalapril”, dijo.
“Y de ahí comienza mi tortura psicológica que llegan los custodios a decirnos ustedes están entre los 40 años y todos van a morir , nos tenían hincados como castigo llegaban y decían todo el nivel 3 castigado desde 8 de la noche hasta el amanecer y te dejan sin comer”, expresó Barahona.
Igualmente, denunció que los “paquetes” que exigen las autoridades a las familias de los detenidos no siempre son entregados “ no vale que tu familia ponga los paquetes porque no llegan” , indicó Barahona, al compartir la experiencia que vivieron sus hijos que llevaron 2 paquetes al penal de Mariona, pero se los entregaron, pese a cumplir con las estipulaciones para el ingreso de estos paquetes.
“En el penal de Izalco te los dan (paquetes), pero no la medicina, cremas combinadas para combatir los hongos de agua que padecí llenos de pus, nigüillas y diviesos. Pides consulta y los custodios te dicen, hay que sacar al que se está muriendo”, relató Barahona.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), expresó que esta denuncia del caso de Víctor Barahona, se realiza con la certeza de que fue “víctima de una captura arbitraria” en el marco del estado de excepción que lleva implementado desde hace 13 meses.
“Fue víctima y estuvo en prisión y queremos visibilizar la vulneración de derechos en el contexto que se ha dado un paso atrás, en garantizar los derechos humanos. Y que el gobierno actual niega estar vulnerando derechos a la labor de los periodistas y personas comunicadoras como el caso de Víctor Barahona”, indicó.
“El Observatorio de la APES ha registrado 103 casos de vulneraciones a la prensa, sólo entre enero a junio de 2023, enfocados al ejercicio periodístico, con detenciones arbitrarias. En este caso, sólo periodistas de El Diario de Hoy registran 8 detenciones a periodistas y fotoperiodistas por parte de elementos de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)”, manifestó Cárcamo.
Asimismo, la presidenta de la APES manifestó que la mayoría de las detenciones que han impedido la cobertura periodística se relaciona con los temas de seguridad. Así también, lamentó que las autoridades “sin ningún tipo de argumento han obligado a los y las periodistas a borrar imágenes, videos de su trabajo” y mucho más grave pedir los documentos de identidad para tomarles fotografías, sin saber el objetivo de este procedimiento.
“La APES condena el actuar negligente de las autoridades de justicia que demostraron, tal como ha ocurrido con otros cientos de casos denunciados por la prensa y por organizaciones de la sociedad civil desde la vigencia del régimen de excepción, escaso profesionalismo y poco apego al marco legal y constitucional dentro del cual deben circunscribir su actuar”, alegó Cárcamo.
En cuanto a las agresiones a periodistas, Elizabeth Estrada, de la junta directiva de la APES, expresó, preocupación por la situación actual que vive la prensa. Algunos de los casos que hemos registrado en el Observatorio , que van enero a junio, son 194 agresiones y 103 casos activos de los cuales el Centro de Monitoreo de la APES les dan acompañamiento.
“Las vulneraciones más comunes y recurrentes son las declaraciones estigmatizantes, las cuales suman 41 casos; el acoso digital, 33 casos; calumnias, 18 casos, y tenemos 14 casos de restricción e igual número de casos de intimidación a la prensa. Y en las detenciones injustificadas tenemos 37 hombres, 30 mujeres, y dos personas de la Población LGBTIQ, y lastimosamente es el Estado el principal vulnerador de derechos”, sostuvo.
“Tenemos 49 casos, donde los funcionarios son quienes han propiciado esta situación contra los periodistas y medios de comunicación, y algo bien importante que se debe mencionar también en las redes sociales con comentarios estigmatizantes de personas no identificadas, que no son regulados y profieren insultos, señalamientos falsos y otras agresiones”, puntualizó Estrada.
