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Redacción Nacionales
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este jueves la criminalización del ejercicio periodístico luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, señalara a periodistas salvadoreños de haber recibido información confidencial dejando entrever que eso podría suponer un delito.
Es de recodar que Bukele divulgó en Twitter, el miércoles, información de supuestas investigaciones que afectan a su Gobierno y a su partido Nuevas Ideas, en el marco de una supuesta campaña anticorrupción. La APES sostuvo que una lucha auténtica contra la corrupción se basa en la transparencia, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al estado de derecho.
La publicación hecha por Bukele tiene “al menos dos elementos que son importantes precisar a la ciudadanía” en el contexto de la vulneración al derecho de acceso a la información y del respeto al ejercicio periodístico: “En primer lugar, en un acto deliberado e irresponsable, el presidente señala a tres periodistas: Bryan Avelar, Héctor Silva Ávalos y a nuestro directivo de APES, Sergio Arauz, de haber recibido información confidencial dejando entrever que eso podría suponer un delito”.
Bukele, a través de un pronunciamiento en sus redes sociales sobre el caso de Alejandro Muyshondt, su ex asesor de seguridad nacional, dijo que las investigaciones, el Organismo de Inteligencia del Estado, descubrió que Muyshondt actuaba “como un doble agente desde el año 2019”, habría trabajado para el ex presidente Mauricio Funes, y que dentro de esas operaciones, “ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados, a los periodistas Sergio Arauz, Bryan Avelar y Héctor Silva Ávalos, además de a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países (estos últimos, a manera de “caja fuerte” en caso de ser descubiertos”.
La asociación defensoras de los derechos de los periodistas salvadoreños señaló que el pronunciamiento del presidente funciona “como una amenaza tácita a un eslabón imprescindible de la libertad de prensa: las fuentes de información”. La APES añadió que criminalizar a funcionarios y empleados públicos por sospechas de que han conversado con periodistas “nos acerca más a sistemas de Gobierno totalitarios como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde el disenso se castiga con la cárcel”.
En el comunicado emitido por la asociación, recuerda que la prensa tiene como norma general la reserva de la identidad de sus fuentes de información y que un gobierno democrático está en la obligación de respetar dicho derecho, protegido en el artículo 206 del Código Procesal Penal, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Para la APES, este tipo de señalamientos contra los periodistas son un paso más “a la consolidación de un estado policial y dictatorial que, ante revelaciones de corrupción, utiliza todos los recursos a su disposición para perseguir a cualquier empleado o funcionario público sospechoso de compartir información que exponga el funcionamiento de la maquinaria de saqueo del erario público que funciona con total impunidad en este Gobierno”.
“Es preocupante que el manejo de información reservada sea centralizado en una persona (Bukele), y a conveniencia decide cuándo desclasificar dicha información. En un estado de derecho deben existir procedimientos expeditos e instituciones que permitan que el Estado rinda cuentas de su actuar. El acceso a la información es un derecho fundamental de los individuos que sólo admite limitaciones excepcionales cuando exista un peligro real e inminente a la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática, y no por el llano interés de ocultar actividades que riñen con la ley”, puntualizó la APES.
