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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, junto con la Mesa para la Protección de Periodistas, manifestó: “Es muy preocupante la situación que está enfrentando en estos últimos años el gremio de periodista, con la escalada de agresiones a periodistas que va rápidamente en aumento”.
En el marco de la conmemoración de dos derechos fundamentales: libertad de prensa y libertad de expresión, la APES rindió su informe de los primeros cuatro meses del año 2021, que retoma el consolidado del “Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas”.
Lo primero que expresó la dirigente de la APES es que no hay motivos para celebrar progresos. Lo que sí destacó Cárcamo es la incertidumbre en la estabilidad laboral, la obstrucción al ejercicio periodístico y la estigmatización del gremio que cuestionan la transparencia de los fondos públicos al Ejecutivo.
“Tenemos 113 afectaciones al ejercicio periodístico en los primeros cuatro meses del año; al compararlo al año pasado, es alarmante y los casos continúan; nada más, durante este fin de semana y este día, estamos registrando vulneraciones a la prensa. Sobre todo al proceso de transición de la Asamblea Legislativa, donde hubo aumento de restricciones desde la página oficial para tener información a mano o la atención de los funcionarios con periodistas para realizar su cobertura oportuna”, expresó.
Asimismo, mencionó los despidos que se hicieron este lunes 3 de mayo, en Canal 10. Este medio de comunicación oficial cesó 45 personas, de “manera injustificada”, por lo que pidió al titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, realizar en “serio el papel que le corresponde”.
“Sabemos también que un medio administrado por el CONAB (Consejo Nacional de Administración de Bienes), me refiero a Radio La Chévere, fue cerrado el equipo de prensa y justo cuando ya pasó la coyuntura electoral y la toma de diferentes instituciones del Estado por parte, de un partido político que gobierna todo -prácticamente- comienzan a despedir a los periodistas y medios que crearon en esta coyuntura electoral”, lamentó Cárcamo.
El Centro de Monitoreo reporta entre las restricciones al ejercicio periodístico la “agresión” como la más frecuente con 68 casos, que supera los 28 registrados el año pasado. Así también, otras causales como: bloqueos de acceso a la información pública (10); declaraciones estigmatizantes (10); acoso digital (5) y despidos injustificados (4), al cierre de los cuatro primeros meses del presente año.
Sobre las afectaciones el 46 % fueron hombres y 34 % mujeres; un 12 % a casos colectivos (FOCUS) y una asociación (APES) que han sido centro de descalificación. Y otras denuncias graves como el seguimiento a periodistas en sus hogares por personas desconocidas, que calificaron de prácticas de intimidación y amenaza como en los años ochenta.
“Atacar a la prensa equivale a atacar a la sociedad y su derecho a estar debidamente informado”, afirmó César Fagoaga, síndico en APES, al valorar de “preocupante”, la vulneración a la libertad de prensa en el país, al citar el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y cifras de la APES.
“El informe habla de un ambiente hostil para la prensa -son las palabras textuales- y menciona las declaraciones estigmatizantes. Y lo dice también, los puestos que ha retrocedido el país en la clasificación de Libertad de Prensa, que compartió Reporteros sin Fronteras. El Salvador, por desgracia está de nuevo en la boca de todo el mundo, hasta la vicepresidenta de los EE. UU. (Kamala Harris) ha expresado estar preocupada por esta situación”.
“Hay una vocación de opacidad de parte del Gobierno de El Salvador, no solo por la determinación de poner en reserva la información pública, es decir, información relevante que le pertenece a la ciudadanía; así como los gastos por la pandemia COVID-19 o el Plan de Vacunación, que es de interés público. Y mucho más cuando el Gobierno ha controlado al arbitro, es decir, el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), no solo afecta a los periodistas, sino también a los ciudadanos”, acotó Fagoaga.
Mientras, Loyda Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de (FESPAD), que junto a APES y diferentes organizaciones gremiales periodísticas impulsan la Ley de Protección a Periodistas y Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, lamentó que el legislativo no diera un marco jurídico de protección frente a la coyuntura actual.
“Todos y todas sabemos lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa, antes del 1o de mayo, en donde no hubo voluntad política de todas las fracciones de los partidos políticos para aprobar estas leyes que traían un fuerte avance y sabemos también que quizás no hubieran sido sancionadas por el presidente de la república. No obstante, los esfuerzos que se hicieron, insistiremos”.
“Lo que sucedió el fin de semana nos da la claridad de la línea que seguirá no solo el Órgano Ejecutivo, sino la Asamblea Legislativa y ahora también, una Corte Suprema de Justicia con magistrados que están usurpando funciones de los magistrados electos democrática y constitucionalmente. Lo que ocurrió este fin de semana fue un atropello a la Constitución y un retroceso grave en materia democrática y de Estado de Derecho”, puntualizó Robles.
