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Entre las acciones realizadas por APES se encuentra la solicitud de constancias a la Fiscalía General de la República, para conocer si existía un proceso de investigación en contra de la periodista y el comunicador.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entregó el pasado 1 de abril, el informe técnico sobre el caso de la periodista Mónica Rodríguez y del comunicador Steve Magaña, al comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador, Andrés Guzmán Caballero.
El expediente contiene todos los procesos e información sobre el allanamiento irregular y el secuestro del equipo de trabajo del que fueron objetos los trabajadores de Bálsamo Radio TV, emisora comunitaria socia de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), el pasado 4 de diciembre de 2024.
“La entrega de este informe constituye un llamado a la acción, e insta al gobierno y al comisionado asumir con urgencia y responsabilidad su rol en la situación actual”, señaló la APES
“Es imperativo que los actores tomen las medidas necesarias para investigar el caso, rectificar las vulneraciones señaladas y cumplir con su obligación de garantizar el bienestar y los derechos de las personas afectadas, así como tomar medidas de prevención para que estos hechos no se repitan”, sostuvo la APES.
La denuncia de este atropello contra la periodista Mónica Rodríguez, y el comunicador Steve Magaña, el pasado diciembre 2024, ha sido registrado por organismo de derechos humanos y de medios de comunicación internacionales y regionales, quienes se han pronunciado en contra de la vulneración de los derechos constitucionales de ambos trabajadores de la información.
En este contexto, La APES ha dado seguimiento al caso de allanamiento, por lo que ha solicitado, a través del equipo jurídico, en cuatro ocasiones y en diversas fechas, información a la Fiscalía General de la República sobre el suceso.
Las solicitudes de inforamciaón a la Fiscalía se hicieron el 5, 17 y 19 de diciembre 2024, así como el 15 de enero de 2025, sin obtener una respuesta concreta sobre el proceso que lleva la Fiscalía General de la República.
“La falta de acción y negación de abusos contra periodistas y violaciones a las libertades de expresión y de prensa es síntoma de negligencia o mala fe de las autoridades, protagonistas de la deriva autoritaria que sufre El Salvador”, acotó.
“El caso de Rodriguez y Magaña ha contando con el acompañamiento legal de la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos (CPAJ) de la APES, la cual ha proporcionado apoyo en todos los procesos que se han llevado a cabo”, señaló la APES.
Entre las acciones realizadas por APES se encuentra la solicitud de constancias a la Fiscalía General de la República, para conocer si existía un proceso de investigación en contra de la periodista y el comunicador. De esta gestión realizada por la gremial concluyen que hasta el 27 de febrero de 2025, “no existen cargos en su contra ni antecedentes vinculantes”.
El miércoles 26 de marzo de 2025, la APES presentó una demanda de hábeas corpus (derecho a la integridad física y psicológica y moral de la persona) preventivo ante la Sala de lo Constitucional”.
La gremial periodística da cuenta que el día del allanamiento,tras el operativo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), confiscó equipos de trabajo de los implicados. Por dicha razón, la APES presentó el 26 de marzo del presente año, ante la Fiscalía una “solicitud para la devolución de los equipos decomisados”, por que la constancia emitida indica que “no existe un proceso de investigación en su contra”, por lo que consideran que no hay justificación para mantener esos dispositivos confiscados.
Asimismo, señala la APES que el día del allanamiento los agentes de la Policía Nacional Civil llegaron en “vehículos con placas particulares, sin portar identificaciones visibles y con los rostros cubiertos”, y esos agentes se negaron también a proporcionar información sobre el motivo o denuncia que justificara el operativo que estaban llevando a cabo en la vivienda de la periodista y el comunicador. Y sólo alegaron que se trataba de un “caso en reserva”.
“Después del incidente, en los meses de diciembre 2024 y enero 2025 , a pesar de contar con representación legal, la FGR negó información en tres ocasiones a Mónica Rodríguez y Steve Magaña, quienes son miembros del equipo de Bálsamo Radio TV, defensores de derechos humanos en la comunidad de la Cordillera del Bálsamo, en el departamento de La Libertad”, señaló APES.
La entrega del informe técnico al comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador, Andrés Guzmán Caballero, por APES, es apoyada por Reporteros sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Prensa Comunitaria, Periodistas sin Cadenas, PCIN y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).
