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Guatemala/PL
Sectores antimilitaristas de Guatemala ven con beneplácito hoy la decisión de las autoridades de retirar de las calles a cuatro mil 200 soldados que participan presuntamente en la lucha contra la delincuencia en este país.
La decisión anunciada por el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Rivas, compensará a quienes en reiteradas ocasiones pidieron sacar al Ejército de la vía pública y dejarlo dedicado a resguardar las fronteras y seguridad nacional, concuerdan ciudadanos y observadores.
Estos recuerdan que Guatemala sufrió la guerra más larga y cruenta de las registradas durante la segunda mitad del siglo pasado en Centroamérica y el 90 por ciento de los crímenes cometidos en ese contexto fueron atribuidos a esa fuerza castrense o bandas paramilitares relacionadas con esta.
El proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) muestra las razones que contribuyeron al rechazo casi general a los militares en este país, pese a su involucramiento en acciones civiles, sobre todo a partir de la llegada al gobierno de Jimmy Morales.
Ese programa documentó más de 54 mil violaciones de los Derechos Humanos de 1960 a 1996 y la mayoría de las brutalidades cometidas por los soldados en esos años, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes.
Resultado de esas acciones miles de familias guatemaltecas lloran todavía a algún muerto o desaparecido, si se considera que el conflicto acabó con la vida de 200 mil personas, dejó 50 mil desaparecidas, un millón de exiliadas y refugiadas, 200 mil huérfanas y 40 mil viudas.
El Remhi reflejó, además, que nueve de cada diez víctimas de la guerra eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas.
Por todo esto es bien recibido el plan para eliminar la participación de los militares en tareas de seguridad pública y enfocar la lucha contra la criminalidad desde una perspectiva civil, según señaló Rivas, aunque ello puede tarde todavía un año.
De acuerdo con el ministro, en la primera fase del proceso iniciado este lunes serán reorganizados los cuatro mil 200 soldados que apoyan a la Policía Nacional Civil y concentrados en zonas con alta incidencia criminal.
Ello pudiera abarcar los primeros cuatro meses del 2017 y después será reducida al 50 por ciento la presencia de esa fuerza militar en las calles, hasta completar su retiro total al final del año, precisó.
Rivas explicó que en próximos meses graduarán a unos cuatro mil policías, que se sumarán a los 37 mil agentes que operan en el país, y eso permitirá ocupar la vacante que dejarán los soldados en la batalla por revertir la ola de violencia que dejó cuatro mil 520 muertos en 2016 en Guatemala.
