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El juicio contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, por el supuesto delito de paralizar servicios públicos a través de actos violentos durante el reciente paro nacional, fue aplazado este lunes hasta agosto, luego de que la jueza a su cargo determinó enviar una consulta sobre el proceso a la Corte Constitucional.
La audiencia se fijó para este lunes en la Unidad Judicial de Latacunga, provincia de Cotopaxi (centro), pero se aplazó porque la defensa de Iza solicitó un plazo de 45 días para que se examinen todas las pruebas a su favor.
De acuerdo con sus abogados, un 80 por ciento de los 42 pedidos que hicieron como medios de prueba aún no han sido despachados.
El abogado principal de Iza, Carlos Poveda, subrayó la importancia de analizar todas las pruebas, y sostuvo que su defendido no cometió ningún delito y es objeto de persecución política.
A partir de estos elementos, la defensa solicitó un plazo de 45 días para examinar dichos documentos. Según medios locales, la Corte Constitucional dispone de hasta 45 días para emitir un pronunciamiento.
Poveda declaró a la prensa que “el Código Orgánico Integral Penal establece un tiempo muy corto para este tipo de situaciones, apenas son 15 días, y las diligencias probatorias requieren de un mayor tiempo”. Añadió que la Fiscalía y la Procuradoría suscribieron esta posición.
Algunos medios dieron a conocer que, según la Fiscalía, la audiencia se reinstalará el 9 de agosto próximo, a las 11H00 hora local.
Tras salir de la audiencia, a la que no se permitió el ingreso de público ni de todos los sujetos procesales, Iza anunció que recurrirá a los entes jurídicos internacionales independientemente de la resolución que emita la jueza Bedón.
Ratificó que su detención fue “ilegal, arbitraria e ilegítima”, y que no se ha probado ni se probarán las acusaciones en su contra de haber cometido un delito o presuntos actos violentos.
Recordó que fue detenido el 14 de junio en Cotopaxi, donde se unió a las protestas del paro nacional, y que sus derechos le fueron leídos en Pichincha, contrario a la ley. Mencionó que en su detención participaron seis camiones de soldados y policías.
Por otra parte, su defensa alegó que no corresponde al debido proceso que lo juzgue ahora Paola Bedón, la misma magistrada que condujo la audiencia de flagrancia, celebrada el 14 de junio.
Sobre el diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso, anunció que organizaciones indígenas que convocaron al paro construirán una propuesta colectiva para defender mejor el pliego de demandas populares enarbolado durante la movilización.
